PAG. 5
LA VERDADERA TRANSFORMACIÓN COMIENZA EN LAS CALLES
OPINIÓN DE: MARÍA RESENDIZ
PACHUCA, HGO., 31 DE JULIO DE 2026
Mientras miles de familias hidalguenses siguen enfrentando calles
deterioradas, problemas de iluminación, inseguridad y falta de
infraestructura básica en colonias y comunidades, el Gobierno del
Estado impulsa proyectos de alta inversión tecnológica para sus nuevas
instalaciones administrativas.
De acuerdo con documentos oficiales, se contempla una inversión
superior a los 516 millones de pesos para la construcción y
equipamiento de un Centro de Datos gubernamental, destinado a
fortalecer la operación digital de la administración estatal. Sin duda, la
modernización tecnológica es importante para cualquier gobierno
moderno; sin embargo, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es
si hoy esa debe ser la principal prioridad presupuestal.
La realidad cotidiana en numerosos municipios de Hidalgo muestra
necesidades urgentes que siguen esperando respuesta. Calles sin
pavimentar, vialidades dañadas, falta de mantenimiento urbano y una
creciente demanda de mayor presencia policial son problemas que
afectan directamente la calidad de vida de la población.
La seguridad pública y la infraestructura básica generan beneficios
inmediatos para la ciudadanía. Una calle pavimentada mejora la
movilidad, reduce accidentes y aumenta la plusvalía de las viviendas.
Una mayor inversión en vigilancia y prevención del delito brinda
tranquilidad a las familias y fortalece el desarrollo económico local.
Por ello, resulta válido abrir el debate sobre el destino de los
recursos públicos. ¿Debe priorizarse la adquisición de tecnología y
equipamiento de alto costo para oficinas gubernamentales cuando
existen demandas sociales más urgentes? ¿Es momento de destinar más
recursos a la seguridad, la pavimentación y los servicios públicos antes
que a proyectos tecnológicos multimillonarios?
La transformación digital del gobierno puede ser necesaria, pero
debe realizarse con criterios de austeridad, transparencia y eficiencia.
Cada peso invertido en equipo de cómputo, centros de datos o nuevas
oficinas debe estar plenamente justificado y acompañado de
mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los ciudadanos
conocer los beneficios reales obtenidos, primero los pobres.