Día: 18 de abril de 2023

PAN considera juicio político contra Adán Augusto por frenar al INAI

Es bien sabido que de siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho fuertes críticas al INAI, al considerarlo un órgano burocrático y costoso que tan solo fue creado para simular que combatiría la corrupción. AMLO segura que el INAI no sirve para nada, y sostiene que forma parte de un gobierno mantenido y bueno para nada, así mismo dijo que ese instituto servía, solo como fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios, para dar un ejemplo de ello comento que cuando lo crearon lo primero que hicieron es aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos, además de cuestionar el para qué un aparato burocrático, así mismo menciono que quienes estaban en dicha institución era Puro recomendado, poniendo de ejemplo a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze; aseverando que el pueblo les paga para que estén en contra del pueblo, por lo que considera que da igual que exista o no exista, aunque afirma que sería mejor que no existiera porque se ahorraría 1,000 millón de pesos, pues no está de acuerdo en que los comisionados de INAI ganen hasta 120,000 pesos mensuales, tengan viáticos e incluso no trabajen sábados y domingos, además de laborar pocas horas, “Es una beca” dijo de manera sarcástica el mandatario. No obstante, aunque criticó al Instituto, no se pronunció sobre el audio en el que se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde revelar que el presidente de la República buscó dejar “inoperante” al INAI, al vetar a dos de los integrantes recién nombrados y dejar sin quórum al órgano, esto de acuerdo a el audio difundido este jueves por Latinus. Lo que provocó que en conferencia de prensa, la legisladora del PAN y ex funcionaria del INAI, María Elena Pérez-Jaén, calificara como “inaudito e inconcebible” que el organismo esté “paralizado”, a causa de las decisiones tomadas inicialmente en el Senado de la República, al mencionar la situación que vive el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), amenazando a el secretario de gobernación Adán Augusto López, de ser sujeto de juicio político, ya que incurrió en conductas que violentan derechos fundamentales y causan perjuicio al buen despacho de los intereses públicos fundamentales. La diputada blanquiazul María Elena Pérez-Jaén, indicó que para justificar el juicio político se requiere que haya ciertas circunstancias y causas tales como, que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios generen perjuicios a los intereses públicos fundamentales o bien, su despacho. Por lo que planteó valorar si los comentarios vertidos por Adán Augusto López a nombre del presidente de la República, solicitando a senadores de la mayoría, no volver a nombrar comisionados del INAI, afectan el interés público general, así como los derechos constitucionales de acceso a la información y protección de datos personales. Calificando que el titular de Gobernación está actuando como “mayordomo” del Ejecutivo Federal, llevando sus mensajes y recados a los senadores morenistas, “Es vergonzoso” y es “el peor” secretario de Gobernación que haya tenido nuestros país, sentenció. Insistió en señalar que la parálisis que vive el INAI, es responsabilidad de los senadores de la República, en especial los del partido Morena, coordinados por el senador Ricardo Monreal quien comparte el deseo de López Obrador de mantener en la opacidad las acciones de su administración. La diputada Perez-Jaen, excomisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del anterior Distrito Federal (INFODF), advirtió que recurrirá a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para abonar en la solución de dicha situación.

Nota: el video pueden tener derechos de autor, por lo que NO nos las adjudicamos ya que fue tomadas de la web.

Imputan a Murillo Karam por el delito de tortura en caso Ayotzinapan

El día lunes 17 de abril del año en curso se llevó a cabo una sesión remota y a puerta cerrada, misma que fue encabezada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en donde el Ministerio Público Federal culpó al exfuncionario de supuestos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos.

El caso habría sido en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, mejor conocido como El Cepillo, quien fuera integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, misma agrupación que estaría involucrada en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base en lo que se explicó, dichos ilícitos habrían sido cometidos con el fin de fabricar presuntas pruebas que apoyarían a la presentación de la “verdad histórica”, es decir, la investigación que realizó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para dar a conocer qué fue lo que pasó en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, esto derivado del video difundido en redes sociales el 13 de julio de 2020 en el que se observa a “El Cepillo” siendo interrogado entre el 15 y 16 de enero de 2015 pero sin playera y con la cabeza tapada, demostrando que el interrogatorio no cumplía con los parámetros que marca la ley.

El ex procurador compareció vía remota y escuchó los alegados que presentó la FGR, misma que busca que el acusado sea vinculado a proceso por el delito de tortura que se habría cometido en instalaciones de la ex procuraduría, por el momento la sesión se encuentra en receso y continuará el próximo viernes 21 de abril a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

La defensa del exfuncionario solicitó al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica en este caso será definida hasta el próximo viernes.

Este es el segundo caso que el ex funcionario enfrenta vinculado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y debido a que ya está sujeto a prisión preventiva justificada en el primer proceso, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) no pidió ninguna medida cautelar en su contra.