El día lunes 17 de abril del año en curso se llevó a cabo una sesión remota y a puerta cerrada, misma que fue encabezada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en donde el Ministerio Público Federal culpó al exfuncionario de supuestos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos.
El caso habría sido en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, mejor conocido como El Cepillo, quien fuera integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, misma agrupación que estaría involucrada en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base en lo que se explicó, dichos ilícitos habrían sido cometidos con el fin de fabricar presuntas pruebas que apoyarían a la presentación de la “verdad histórica”, es decir, la investigación que realizó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para dar a conocer qué fue lo que pasó en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, esto derivado del video difundido en redes sociales el 13 de julio de 2020 en el que se observa a “El Cepillo” siendo interrogado entre el 15 y 16 de enero de 2015 pero sin playera y con la cabeza tapada, demostrando que el interrogatorio no cumplía con los parámetros que marca la ley.
El ex procurador compareció vía remota y escuchó los alegados que presentó la FGR, misma que busca que el acusado sea vinculado a proceso por el delito de tortura que se habría cometido en instalaciones de la ex procuraduría, por el momento la sesión se encuentra en receso y continuará el próximo viernes 21 de abril a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).
La defensa del exfuncionario solicitó al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica en este caso será definida hasta el próximo viernes.
Este es el segundo caso que el ex funcionario enfrenta vinculado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y debido a que ya está sujeto a prisión preventiva justificada en el primer proceso, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) no pidió ninguna medida cautelar en su contra.
