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Plantas tratadoras de aguas residuales, necesarias para garantizar derechos humanos en Tula

*Profesor investigador de la Autónoma de Hidalgo propone soluciones a la problemática ambiental de la región 

*La presa Endhó almacena más de 182 millones de metros cúbicos; la mayor parte de esa agua es residual e industrial proveniente de la capital Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Se requiere un plan integral que permita el saneamiento de las aguas residuales que llegan a Hidalgo provenientes de la Megalópolis, para proteger la salud y el acceso al agua potable de las y los habitantes de la  región de Tula-Tepeji, así lo manifestó Luis David Martínez Campos, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El docente, adscrito al Área Académica de Derecho y Jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), mencionó que la problemática se agrava por la sobrecarga del antiguo sistema de desagüe que traslada aguas residuales desde la capital del país y de los municipios aledaños hacia la presa Endhó, la cual distribuye el líquido hacia la zona del Valle del Mezquital y sus cultivos.

Diversas investigaciones han apuntado que la contaminación de este cuerpo de agua contiene radicales libres y metales pesados altamente nocivos para la salud, mismos que están vinculados con enfermedades gastrointestinales y diversos tipos de carcinoma. Sin embargo, no existen obras de gran magnitud para sanear los más de 182 millones de metros cúbicos que están almacenados, ni plantas especializadas para tratar los lodos que son tóxicos.

Ante esta situación, el investigador Garza planteó, junto con la profesora investigadora Martha Gaona Cante, el estudio “La violación a los derechos humanos de acceso a la salud, acceso al agua potable y saneamiento”, para encontrar propuestas que contribuyan a solucionar esta problemática desde la perspectiva social.

El proyecto sugiere la instalación de al menos cuatro plantas para el tratamiento de aguas residuales y el procesamiento de lodos tóxicos, la coordinación efectiva entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el fortalecimiento del marco normativo y su aplicación rigurosa contra quienes contaminen deliberadamente. 

Aunque en 2012 el derecho al agua fue reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del artículo cuarto, para garantizarlo, es necesario que tanto las autoridades como la ciudadanía cuiden de este recurso natural. “El derecho al agua no puede existir solo en el papel si no se acompaña de acciones reales, lo único que estamos haciendo es posponer una crisis mayor”, enfatizó Luis David Martínez Campos.  


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