Pisaflores arde: sanciones, sospechas familiares y un Cabildo que desafía al
Estado
La comparecencia del secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares
Reyna, lejos de ser un trámite más de la Glosa del Tercer Informe, terminó
convirtiéndose en una radiografía de los focos rojos que atraviesan la
gobernabilidad del estado: servidores sancionados, inconsistencias
institucionales y un municipio Pisaflores atrapado entre un asesinato político y
un Cabildo que simplemente se niega a cumplir la ley.
Olivares informó que nueve servidores públicos fueron sancionados tras
evidenciarse su mal desempeño durante las llamadas Mesas de Paz, un
mecanismo que presume escuchar a la ciudadanía en temas de seguridad, pero
que también ha exhibido fallas internas. De acuerdo con el funcionario, tres
ministerios públicos fueron destituidos, junto con un subsecretario de Seguridad
y dos jefes de departamento del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM). A
esto se suman tres procedimientos administrativos aún abiertos contra
personal del Poder Judicial.
Mientras los números avanzaban, la legisladora Mónica Reyes cuestionó los
resultados reales de las 50 Mesas de Paz realizadas, una cifra que Olivares
presume como logro, pero que hasta ahora no ha conseguido borrar la
percepción ciudadana de inseguridad en diversas regiones del estado.
El tema que encendió la sala fue el de Pisaflores, donde el asesinato del alcalde
Miguel Bahena Solórzano dejó al municipio en un limbo. El diputado Avelino
Tovar, del Partido Verde, exigió claridad sobre por qué el suplente, Silvestre
García Márquez, no ha asumido el cargo pese a que el Cabildo está obligado a
permitirlo.
La respuesta del secretario abrió una caja más grande de sospechas: aseguró
que García Márquez no cuenta con respaldo social, no vive en Jacala donde
debería radicar y enfrenta rechazo debido a que su hermana, Hannia N, fue
detenida por delitos contra la salud y está relacionada con el presunto autor
material del homicidio del alcalde, César Rubiel N, con quien fue aprehendida.
Además, explicó que el suplente es beneficiario de una suspensión condicional
por un proceso penal de lesiones graves.
Olivares sostuvo que el gobierno respaldará a quien legalmente ocupe el cargo,
pero dejó claro que la aceptación social es un factor imposible de ignorar, lo
que vuelve el caso aún más enredado.
El secretario también presentó cifras sobre la disminución de la tala
clandestina, la recuperación de 280 metros cuadrados de madera y el
aseguramiento de ocho aserraderos. Añadió que más de 2 mil 773 millones de
pesos se han destinado a la gobernabilidad del estado, además de reportar
reducciones en robo de transporte y personas desaparecidas.
La comparecencia cerró como empezó: dejando más preguntas que respuestas.
En Pisaflores, la gobernabilidad sigue siendo una promesa pendiente.