Tras semanas de silencio en las sesiones de la Comisión Permanente, el senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, subió a tribuna para responder a los señalamientos que lo vinculan con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de presuntamente liderar el cártel de La Barredora.
“Sería un absurdo que un servidor público que ha sido gobernador y secretario de Gobernación intente eludir una responsabilidad política o jurídica. Yo estoy a disposición de la autoridad que me requiera”, declaró el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado.
El pronunciamiento ocurrió después de que legisladores del PAN presentaran un punto de acuerdo para exhortarlo a solicitar licencia inmediata a su cargo, separarse de toda función parlamentaria y ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
En medio de un intenso debate entre morenistas y senadores del PAN, PRI y MC, Adán Augusto se deslindó de Bermúdez, asegurando que no lo nombró desde el inicio de su administración en Tabasco, sino meses después, durante una crisis de inseguridad.
“Ratifiqué al secretario de seguridad del gobierno anterior, quien estuvo unos meses. Luego nombré a Bermúdez en diciembre de 2019. No inició conmigo”, explicó.
Además, afirmó que nunca recibió indicios o sospechas sobre posibles vínculos de su entonces secretario con el crimen organizado.
“A mí no me da vergüenza decirlo: en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado”, defendió.
López Hernández sostuvo que, durante sus dos años y ocho meses como gobernador, su administración entregó resultados en materia de seguridad, y acusó a la oposición de mentir y distorsionar los hechos desde su llegada a la Secretaría de Gobernación.
Adán Augusto intenta frenar el costo político de los señalamientos con un discurso de apertura, pero su deslinde llega tarde y bajo presión. Aún sin ser investigado directamente, el caso pone en entredicho la estructura de seguridad en Tabasco durante su mandato y lo coloca en el centro del debate sobre la responsabilidad política ante el avance del crimen organizado en las instituciones.