El asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón, párroco de la iglesia de San Cristóbal en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, ha encendido las alarmas entre las autoridades estatales y eclesiásticas. De acuerdo con reportes oficiales, el religioso fue hallado sin vida dentro de su vehículo la noche del lunes, con varios impactos de bala.
El hecho ocurrió en una zona marcada por la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado, que se disputan el control de las minas de oro y otros recursos minerales en la región centro del estado. Por ello, investigadores de la Fiscalía General de Guerrero informaron que se abrió una línea de investigación relacionada con las pugnas criminales vinculadas a la minería ilegal.
El padre Bertoldo, de 67 años, era muy querido por la comunidad de Mezcala, donde encabezaba proyectos sociales y acompañaba a familias afectadas por la violencia. Vecinos relataron que en semanas recientes había expresado preocupación por el incremento de amenazas y la inseguridad que se vive en el municipio.
La Diócesis Chilpancingo-Chilapa condenó el homicidio y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva. En un comunicado, lamentó “la violencia que alcanza a quienes dedican su vida al servicio de los demás” y pidió fortalecer la seguridad en las comunidades rurales donde operan sacerdotes y misioneros.
El gobernador Evelyn Salgado Pineda expresó sus condolencias y ordenó reforzar la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en la zona.
Además, confirmó que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía del Estado para esclarecer el crimen y detener a los responsables.
Organizaciones civiles recordaron que Guerrero se mantiene como una de las entidades más peligrosas para líderes religiosos, comunitarios y defensores de derechos humanos. En lo que va del año, al menos cuatro sacerdotes han sido asesinados en distintas regiones del país, según datos del Centro Católico Multimedial.
La muerte del padre Bertoldo Pantaleón se suma a una preocupante escalada de violencia que golpea a las comunidades mineras del estado y refleja la compleja red de intereses criminales que operan en esa zona del país.