La industria deportiva y de seguridad en espacios públicos en la Ciudad de
México vive una de sus crisis más graves: un juez vinculó a proceso a cuatro
trabajadores de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) por su presunta participación en el homicidio de un aficionado que
asistió a un partido de Cruz Azul.
Los hechos ocurrieron el 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario,
cuando el aficionado fue sometido por personal de seguridad y, según
necropsia, murió por asfixia por estrangulamiento.
Los cuatro vigilantes Isaac Brian N., de 24 años; Noé N., de 45; Luis Alberto N.,
de 47; y José Rodrigo N., de 57, fueron sujetos a prisión preventiva justificada
mientras se determina su situación jurídica.
La reacción de la barra del Cruz Azul y de los aficionados ha sido de
indignación: piden justicia, explicaciones y acciones correctivas para que la
seguridad no se convierta en peligro para los propios asistentes. La UNAM
emitió un comunicado señalando que colaborará con la Fiscalía en las
diligencias.
Este hecho pone en evidencia que el control de público en eventos no es solo
parte de la logística, sino un asunto de derechos humanos, protocolos y
responsabilidad institucional. Que un aficionado participe con pasión en un
estadio debe implicar garantía, no riesgo.
La pregunta obligada es: ¿qué pasó con los protocolos de salida del recinto?
¿Cómo se permite que la seguridad devenga en supresión y muerte? Las
instituciones clave tendrán que responder, además de brindar reparación y
transparencia.