Un nuevo escándalo sacude a Coahuila: un sacerdote ha sido acusado de
presunto abuso sexual infantil y, según las autoridades locales, huyó a Texas
antes de que se ejecutara la orden de aprehensión. La noticia ha generado
indignación entre la comunidad, padres de familia y organismos de protección
infantil.
El caso, que ya se encuentra en investigación por la Fiscalía General del
Estado, involucra a menores que presuntamente sufrían agresiones durante
actividades pastorales. Las denuncias se remontan a varios meses atrás, pero
fue hasta hace poco que se confirmó la fuga del clérigo hacia Estados Unidos,
lo que complica la investigación y genera dudas sobre la cooperación
internacional en estos casos.
Autoridades mexicanas han iniciado los trámites para solicitar asistencia legal
a las autoridades estadounidenses con el fin de localizar y extraditar al
sacerdote, mientras que expertos en derecho penal señalan que este tipo de
situaciones no solo son delicadas por el contexto de abuso, sino porque la fuga
al extranjero implica un procedimiento judicial largo y complejo.
La Iglesia ha emitido un comunicado limitado, asegurando que “colaborará con
las investigaciones y tomará medidas conforme a la ley”, aunque la falta de
información ha generado críticas y desconfianza entre la población.
Organizaciones civiles y colectivos de víctimas han solicitado que se tomen
medidas inmediatas para garantizar la protección de los menores y que se
aplique justicia de manera estricta.
El caso ha encendido el debate sobre la responsabilidad de la Iglesia en la
supervisión de sus clérigos y sobre la necesidad de protocolos más estrictos
para prevenir abusos. La combinación de la gravedad de los delitos y la fuga
internacional coloca a este sacerdote en el centro de una investigación que
promete ser larga y mediática, mientras la sociedad exige respuestas claras y
acciones contundentes.