Diez años después de que fue desviado un monto millonario desde el
presupuesto federal, la Fiscalía General de la República (FGR) logró finalmente
la reparación del daño por 62 millones 877 mil 192 pesos, dinero que en 2015
había salido de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través
de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
El caso forma parte de una de las múltiples investigaciones abiertas por
presuntos desvíos de recursos cometidos mediante convenios con
universidades públicas, una modalidad que se volvió tristemente famosa
durante la pasada década y que formó parte de lo que se conoció
mediáticamente como “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con la FGR, el dinero recuperado corresponde a recursos federales
que fueron triangulados mediante un convenio firmado entre Sedesol y la UIEM
en 2015. El acuerdo tenía el supuesto propósito de realizar servicios y
proyectos, pero la investigación determinó que tales servicios nunca se llevaron
a cabo y que una parte significativa del dinero fue desviada hacia empresas
irregulares.
La Fiscalía informó que las personas implicadas —funcionarios y colaboradores
involucrados en la firma y operación del convenio— aceptaron cubrir el monto
total de la reparación del daño para evitar que el proceso penal avanzara a
juicio. Este tipo de acuerdos está previsto dentro del sistema penal acusatorio y
permite resarcir al erario de manera directa, aunque no exime la
responsabilidad histórica ni política del hecho.
El caso se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio de la FGR para concluir
expedientes de corrupción heredados de administraciones anteriores. Aunque la
devolución del dinero es vista como un avance, especialistas en fiscalización
señalan que, a diez años del desvío, la recuperación llega tarde y aún quedan
expedientes pendientes por resolver, tanto dentro como fuera del sistema
educativo.
El monto recuperado será reintegrado a la Tesorería de la Federación, mientras
que la FGR afirmó que mantiene abiertas otras investigaciones por
irregularidades similares cometidas en años previos. Para algunos críticos, este
tipo de resoluciones “por reparación” pueden parecer insuficientes; para otros,
se trata de una forma eficaz de recuperar recursos que, de otro modo, podrían
haberse perdido definitivamente.
Lo cierto es que, mientras continúan los discursos anticorrupción, cada peso
recuperado se convierte en un recordatorio de la magnitud de los desfalcos
cometidos en el país durante los últimos años.