Verificar un automóvil en Hidalgo no es un trámite: es una prueba de
resistencia. Resistencia al sol, al desorden, a la confusión y, sobre todo, a la
indiferencia de un sistema que parece diseñado para desgastar al usuario. Aquí,
cumplir con la ley no se facilita, se castiga. La verificación vehicular dejó de ser
un servicio público para convertirse en un ejercicio de tolerancia al caos.
Agendar una cita es, en los hechos, un acto simbólico. El sistema promete
orden digital, pero al llegar al verificentro todo se diluye en una fila interminable
de automóviles donde se mezclan citas formales con trámites improvisados. No
hay filtros claros ni personal que explique. Todos esperan, todos se desesperan
y nadie parece estar a cargo.
El calor solo agrava el escenario. Los reclamos se acumulan: horarios
ignorados, pagos que cambian según quién atienda, multas mal explicadas y
vehículos rechazados con criterios que varían visita tras visita. La constante es
la misma: nadie orienta, nadie asume responsabilidad y nadie da respuestas
claras.
Como parte del paisaje aparecen los llamados “gestores”, personajes que
circulan sin restricción ofreciendo “ayuda” para pasar la prueba. Prometen
soluciones rápidas a cambio de dinero y reparten tarjetas con absoluta
impunidad. Su presencia no es anecdótica, es sistemática, y deja una duda
inquietante: ¿cómo operan tan cómodamente dentro de un proceso oficial sin
que nadie los retire?
Después de horas formados llega otro cuello de botella: el pago. Una ventanilla
de atención y dos de cobro para decenas de personas. Se exige imprimir citas
digitales, llevar efectivo exacto, pagar multas solo con tarjeta y entregar copias
que el propio centro termina realizando. Burocracia absurda, lenta y mal
organizada, donde el tiempo del ciudadano no vale.
El desorden alcanza niveles grotescos. No hay turnos visibles, números claros
ni un sistema confiable de llamado. Los nombres se gritan entre motores
encendidos y conversaciones cruzadas. Quien no escucha, pierde su lugar.
Incluso se han registrado pagos equivocados por confusión, errores que el
personal despacha con una frase recurrente: “tiene que estar atento”. La culpa
siempre es del usuario, nunca del sistema.
Ni siquiera las corporaciones oficiales escapan al caos. Unidades de la Policía
Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo intentaron incorporarse a la fila
argumentando cita y respaldo institucional. No avanzaron. Terminaron formadas
como todos, confirmando que aquí no hay orden, solo saturación.
Al final, muchos salen derrotados tras escuchar el dictamen habitual: “no pasa,
regrese en 30 días”. A veces por humo, a veces por sensores que
inexplicablemente se activan dentro del verificentro. Afuera, como cierre
irónico del recorrido, aparecen promotores de talleres mecánicos que ofrecen
arreglos “exprés” para que el vehículo pase sin problema. El sistema falla, pero
el negocio paralelo funciona a la perfección.
Este caos no es casual. Durante la actual administración estatal más de 40
verificentros dejaron de operar, reduciendo drásticamente la capacidad de
atención. Las nuevas concesiones quedaron en manos de las mismas empresas
que ya operaban cuando en 2022 se revocaron 42 permisos durante el gobierno
de Omar Fayad, lo que deja dudas sobre el verdadero cambio en el modelo.
El resultado es claro: menos centros, más filas, mayor frustración. En Hidalgo,
la verificación vehicular no educa, no ordena y no protege al ciudadano. Solo
confirma que el sistema funciona en contra de quien intenta cumplir.