Cuando la auditoría habla, más de uno revisa cajones. La Auditoría Superior de
la Federación (ASF) detectó irregularidades por aclarar por al menos 78.6
millones de pesos en autoridades electorales federales durante la revisión de la
Cuenta Pública 2024.
Las observaciones involucran al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos de las instituciones
clave en el engranaje democrático del país.
Importante matiz: “irregularidades por aclarar” no significa automáticamente
desvío o delito. Significa que hay recursos cuyo uso requiere explicación,
documentación adicional o solventación administrativa. Pero en temas
electorales, cualquier cifra genera ruido político inmediato.
La ASF realiza revisiones técnicas sobre el ejercicio del gasto público. Si
encuentra inconsistencias —como pagos sin comprobación suficiente, procesos
administrativos deficientes o diferencias contables— emite observaciones que
las instituciones deben responder dentro de plazos establecidos.
En este caso, los 78.6 millones representan montos que aún deben aclararse
formalmente. El INE y el TEPJF tendrán oportunidad de presentar
documentación y argumentos para solventar las observaciones.
Sin embargo, el contexto importa. El sistema electoral mexicano ha estado en
el centro del debate político en los últimos años, especialmente en torno a su
presupuesto y autonomía. Por eso, cualquier señalamiento financiero se
convierte rápidamente en munición discursiva.
¿Es un problema estructural o ajustes administrativos pendientes? Esa es la
discusión que apenas comienza.
La fiscalización es parte esencial de cualquier democracia funcional. Pero
también es terreno fértil para interpretaciones políticas.
Por ahora, la cifra está sobre la mesa. Y en temas de dinero público, la
transparencia no es opcional.
Porque cuando se trata de elecciones, no solo se cuentan votos. También se
cuentan pesos.