OPINIÓN DE: MARÍA RESENDIZ
PACHUCA, HGO., 20 DE MARZO DE 2026
México atraviesa nuevamente un momento de presión económica
que golpea directamente el bolsillo de millones de ciudadanos NO SOLO
DE MEXICO SINO DEL MUNDO EL GALON DE GASOLINA EN EUU, CADA
DIA MAS CARO, LA POLITICA DE Trump es hacer más rico al rico y más
pobre al ciudadano estadounidense y los migrantes. El aumento
sostenido en el precio de la gasolina, acompañado de una escalada
generalizada en el costo de bienes y servicios, no es un fenómeno
aislado ni meramente interno. Es, en gran medida, la consecuencia de un
escenario internacional cada vez más volátil, marcado por la creciente
confrontación entre Estados Unidos e Irán. Una guerra que, aunque
distante en lo geográfico, se manifiesta con crudeza en la vida cotidiana
de los mexicanos.
El conflicto ha encendido las alarmas en los mercados energéticos
globales. La región del Golfo Pérsico, particularmente el estrecho de
Ormuz por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, se ha
convertido en un punto crítico de incertidumbre. Cada amenaza de
bloqueo, cada ataque o escalada militar, se traduce en nerviosismo
financiero y en una reacción inmediata de los precios del crudo. En este
contexto, el petróleo ha superado la barrera psicológica de los 100
dólares por barril, impulsando una ola inflacionaria que no reconoce
fronteras.
Para México, las consecuencias son especialmente sensibles. A
pesar de ser un país petrolero, su dependencia de combustibles
refinados del exterior principalmente de Estados Unidos lo coloca en una
posición vulnerable. La capacidad de refinación nacional sigue siendo
insuficiente para satisfacer la demanda interna, lo que obliga a importar
gasolina a precios sujetos a las fluctuaciones internacionales. Así,
cualquier alteración en el mercado global se traslada casi de inmediato
al consumidor final.
En las últimas semanas, el precio de la gasolina ha registrado
incrementos constantes. En diversas regiones del país, el litro de
gasolina Premium ya rebasa los 30 pesos, mientras que el diésel,
fundamental para el transporte de mercancías, también ha
experimentado aumentos significativos. Este encarecimiento no es
menor: representa un golpe directo a la economía familiar, pero también
un detonador de efectos en cadena que impactan a toda la estructura
productiva.
El gobierno federal ha intentado mitigar el impacto mediante
herramientas fiscales, como la reducción o eliminación temporal del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los
combustibles, así como acuerdos con distribuidores para evitar
aumentos descontrolados. Sin embargo, estas medidas tienen límites
claros. Son, en esencia, mecanismos de contención que no resuelven el
problema de fondo: la dependencia estructural de México respecto a los
mercados energéticos internacionales.
La situación actual obliga a repensar las prioridades. ¿Debe
México seguir dependiendo de combustibles fósiles importados? ¿Está
preparado el país para enfrentar choques externos de esta magnitud?
¿Qué papel deben jugar las políticas públicas para proteger a los
sectores más vulnerables ante la inflación? Son preguntas que no
pueden seguir posponiéndose.
Mientras tanto, la realidad es clara y tangible. Cada aumento en la
gasolina se traduce en menos poder adquisitivo, en ajustes en el gasto
familiar, en decisiones difíciles para millones de personas. El impacto no
distingue entre regiones ni niveles socioeconómicos: es un fenómeno
que permea toda la sociedad.
Hoy, cargar gasolina implica un esfuerzo mayor. Mañana, ese
mismo incremento se reflejará en el precio de los alimentos, del
transporte público, de los servicios básicos. Así, de manera silenciosa
pero constante, una guerra lejana se convierte en una presión cotidiana.