En un país donde millones de personas pasan horas atrapadas en el transporte
público, el Poder Judicial decidió tomar cartas en el asunto… pero solo para los
suyos.
El Órgano de Administración Judicial lanzó una licitación para contratar
vehículos destinados al traslado de trabajadores de la Suprema Corte. El
objetivo, según se informó, es reducir el “estrés” y prevenir “robos” durante los
trayectos. Una medida que, en papel, suena lógica. En contexto… levanta
algunas cejas.
Porque mientras el ciudadano promedio enfrenta camiones saturados, rutas
inseguras y tiempos interminables, dentro del sistema judicial se busca
garantizar traslados más cómodos y seguros para su personal. Sí, el contraste
es evidente.
La justificación oficial no es menor: mejorar las condiciones laborales y
proteger a los trabajadores. Nadie puede estar en contra de eso. El problema es
que este tipo de decisiones también evidencian una brecha cada vez más
marcada entre las instituciones y la realidad cotidiana de la mayoría.
¿Es necesario? Probablemente.
¿Es oportuno? Ahí es donde empieza el debate.
Además, el argumento del estrés resulta particularmente llamativo en un país
donde la movilidad urbana es, para millones, una fuente diaria de desgaste
físico y emocional. La diferencia es que unos tienen licitación… y otros
resignación.
El tema de la seguridad tampoco es menor. Los asaltos en transporte público
son una realidad constante en varias ciudades del país. Sin embargo, en lugar
de una solución estructural, lo que se plantea aquí es una solución… selectiva.
Así, la medida termina enviando un mensaje incómodo: en México, la seguridad
y el bienestar pueden depender del lugar que ocupas dentro del sistema.
Mientras tanto, la licitación sigue su curso y los vehículos pronto podrían estar
en operación.
Porque cuando se trata de reducir el estrés… algunos tienen chofer.
Y otros, suerte.