En México, a veces la justicia no es ciega… solo llega tarde y con reversa. Un
juez federal ordenó descongelar las cuentas del exgobernador Tomás
Yarrington, luego de determinar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
simplemente… no tenía cómo justificar legalmente el bloqueo.
Sí, así como se lee: congelaron primero y preguntaron después.
El bloqueo de las cuentas se realizó en 2019, en medio de acusaciones,
sospechas y un contexto político donde “actuar rápido” parecía más importante
que hacerlo correctamente. Sin embargo, la reciente resolución judicial pone el
dedo en la llaga: este tipo de medidas solo pueden aplicarse cuando existe una
solicitud o compromiso internacional, no por decisiones unilaterales dentro del
país.
Traducido al español cotidiano: no basta con querer, hay que poder…
legalmente.
El fallo subraya que la UIF se extralimitó en sus funciones, al imponer una
sanción financiera sin el respaldo necesario. Y aunque el nombre de Yarrington
no es precisamente sinónimo de transparencia, el punto aquí no es su
reputación, sino el procedimiento.
Porque si algo dejó claro el juez, es que el Estado no puede saltarse sus propias
reglas, incluso cuando cree tener “la razón”.
Este caso vuelve a abrir un debate incómodo: ¿qué tan sólidas son las acciones
contra presuntos actos de corrupción si no están bien sustentadas? Y peor aún,
¿cuántos otros casos podrían estar tambaleándose por errores similares?
Mientras tanto, las cuentas del exgobernador quedan liberadas, no
necesariamente porque se haya demostrado su inocencia, sino porque la
autoridad no hizo bien su tarea.
Y ahí está el detalle que incomoda: en México, a veces no gana quien tiene la
razón… sino quien encuentra primero el error del otro.
La decisión también manda un mensaje claro a las instituciones: el combate a
la corrupción no puede construirse sobre atajos legales, porque tarde o
temprano, esos atajos se convierten en boomerangs.
Y esta vez, regresó directo a la UIF.