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ENTRE LA CORRUPCIÓN DEL PASADO, LA VIOLENCIA PRESENTE Y LA
EXIGENCIA DE RESULTADOS
OPINIÓN DE: MARIA RESENDIZ
PACHUCA, HGO., 22 DE MAYO DE 2026
El estado de Hidalgo atraviesa un momento donde distintos
hechos, aparentemente aislados, terminan dibujando un mismo
diagnóstico: una entidad presionada por problemas de seguridad,
corrupción histórica y una creciente exigencia ciudadana por resultados
concretos.
Uno de los casos que vuelve a colocar el foco en el pasado político
es el presunto desvío de más de 65 millones de dólares atribuido a un
funcionario vinculado a la etapa de gobierno federal de Miguel Ángel
Osorio Chong. Aunque las investigaciones continúan y los procesos
judiciales han tenido avances en distintos frentes, el caso reabre el
debate sobre cómo se administraron recursos públicos en estructuras de
seguridad y qué tan profundas fueron las redes de corrupción en ese
periodo.
En paralelo, la realidad actual del estado sigue marcada por
hechos de violencia cotidiana. El hallazgo de un cuerpo en los límites de
Zempoala y Pachuca se suma a una lista de incidentes que mantienen la
percepción de inseguridad en la zona metropolitana. A esto se agregan
accidentes viales recientes, como el de una combi en la capital
hidalguense que dejó una persona sin vida, recordando la fragilidad de la
seguridad vial y la falta de regulación efectiva en el transporte público.
En el contexto nacional, Hidalgo ocupa una posición intermedia en
materia de seguridad, con zonas metropolitanas que concentran la
mayor parte de los delitos denunciados, según diagnósticos oficiales y
reportes de incidencia delictiva. Aunque no figura entre los estados más
violentos del país, sí enfrenta una presión constante en municipios como
Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula y Tulancingo, donde la percepción
de inseguridad sigue siendo alta y persistente.
El problema no es solo estadístico. Es cotidiano. Es el ciudadano
que transita por calles mal iluminadas, el usuario del transporte público
que enfrenta riesgos en trayectos diarios, y las familias que han
normalizado noticias de hechos violentos como parte del día a día.
En este escenario, la gestión pública enfrenta una doble exigencia:
atender el rezago estructural en seguridad y movilidad, mientras se
procesa el impacto político y social de los casos de corrupción del
pasado. La combinación de ambos factores genera una narrativa
incómoda, pero inevitable: la confianza institucional sigue siendo frágil.
Hidalgo no solo necesita esclarecer los grandes casos de desvío
de recursos; también requiere respuestas inmediatas a los problemas
que afectan la vida diaria. La seguridad no se mide únicamente en
expedientes judiciales, sino en la tranquilidad con la que una persona
puede caminar, viajar o regresar a casa.
El desafío es claro: reconstruir confianza en un entorno donde el
pasado aún pesa, el presente preocupa y el futuro exige resultados que
no pueden seguir esperando.