Colaboración: Lucina Rosales Rabielli
Cada 7 de junio en México se conmemora la libertad de expresión. Es un
derecho fundamental de los seres humanos. Su reconocimiento universal es un
pilar esencial para la sociedad.
El derecho a la libertad de expresión se considera un requisito indispensable en
cualquier sociedad. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana señalan que
todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Lo que significa ser libres para buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e
informaciones por cualquier medio, por lo que nadie tiene el derecho de prohibir
o limitar esa libertad.
Aunque el ejercicio de este derecho está sujeto a restricciones que prevé la ley,
como la reputación de las personas, el orden público, la salud, la moral pública
o para la protección de la seguridad nacional.
También esta la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes que es un
derecho que permite tomar en cuenta su opinión, respecto de los asuntos que
les afectan directamente a sus familias o comunidades. Por ello, es fundamental
que niños y niñas entiendan la importancia de ejercer la libertad de expresión;
de sentirse escuchados y apoyados. Y en la escuela se les debe garantizar la
libertad de pensamiento, opinión, expresión, decisión y actuación.
México cuenta con compromisos internacionales en la materia, ya que es parte
de diversos tratados internacionales de derechos humanos que reconocen y
protegen la libertad de expresión, como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Desde la Constitución de 1824 hasta la de 1917, la libertad de expresión ha
estado presente como un valor aspiracional que ha moldeado la construcción
del Estado mexicano. Sin embargo, fue en la Constitución de 1917 cuando se
estableció un marco más sólido que, con el paso de las décadas, ha sido objeto
de reformas fundamentales.
Durante el siglo XX, la libertad de prensa y de manifestación enfrentó
constantes tensiones con el autoritarismo, la censura y el control informativo
de los poderes del Estado. Casos como el movimiento estudiantil de 1968 y las
reformas políticas de los años 1970 y 1990, marcaron momentos decisivos en la
exigencia de una apertura democrática real, donde la libertad de expresión no
fuera mera retórica, sino una garantía efectiva.
El Artículo 6° de la Constitución Mexicana ha evolucionado con el paso del
tiempo, su texto original era muy breve y se limitaba a declarar la libertad de
expresión como derecho. Fue hasta las reformas de 2007 y, más profundamente,
en 2014, que se integraron elementos esenciales como: la prohibición de la
censura previa, la protección del derecho de réplica, la obligación del Estado de
garantizar el acceso a la información pública, así como la creación de
organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el reconocimiento del
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como una
vía para ejercer estos derechos.
Estas reformas convirtieron al Artículo 6º en una de las herramientas
constitucionales más completas de América Latina para la protección del
derecho a saber y a ser escuchado.
A nivel latinoamericano, México es considerado un referente en materia de
transparencia y libertad de expresión, aunque también enfrenta retos
persistentes. Según organizaciones como ARTICLE 19 o Reporteros Sin
Fronteras, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el
periodismo. Esto revela una contradicción entre el marco jurídico avanzado y la
situación real en el terreno.
El contexto mexicano actual indica que, en México, el ejercicio de la libertad de
expresión está marcado por tres desafíos principales. El primero es la violencia
contra periodistas; decenas de comunicadores han sido asesinados o
desaparecidos en los últimos años. Muchos casos permanecen impunes.
El segundo, la desinformación y las noticias falsas; el auge de las redes
sociales ha facilitado la difusión de información errónea que pone en riesgo la
credibilidad institucional.
El tercero, la censura indirecta; algunas autoridades recurren a presiones
económicas, publicitarias o judiciales para silenciar críticas.
Mientras otros países han limitado el acceso a la información o han
implementado leyes mordaza, México ha impulsado una legislación
vanguardista. Sin embargo, la efectividad depende de que se garantice la
seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión y se fortalezcan las
instituciones que resguardan estos derechos.