¡Qué Si! Porque la administración actual desconoce el pacto que hizo con la anterior administración así que sus pagos no cuentan y se gira orden de aprehensión. ¡Qué No! Porque la acusación es deficiente y carece de argumentos, por lo que dicha acusación puede ser impugnada. Total que una vez más queda demostrado que el dinero y el influyentísimo puede "moldear" las leyes a su favor, un caso más de impunidad a la larga lista.
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, quien desde 2021 se encuentra prófuga de la justicia, se enfrenta a un nuevo cargo en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Aun cuando Inés Gómez Mont libra una orden de aprehensión, le quedan dos, sin embargo como el primer cargo es de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión por un supuesto fraude fiscal por 3 millones 631 mil 745.01 pesos en el año 2017, por el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La conductora no podrá llevar su proceso en libertad debido a que en el segundo cargo, de delincuencia organizada, amerita prisión preventiva por oficio.
Gómez Mont solicitó un amparo ante el Juez Décimo Primero de Distrito para evitar esta nueva orden de captura, sin embargo, el juez de amparo le negó la protección solicitada, por lo que Gómez Mont tramitó un recurso de revisión, mismo que aún no ha sido resuelto.
Las otras órdenes de aprehensión contra Gómez Mont fueron emitidas por jueces de control en la Ciudad de México, en los Centros de Justicia Penal Federal de los reclusorios Oriente y Norte, por defraudación fiscal y otra más por un juez en el Estado de México por lavado de dinero y delincuencia organizada, en esos casos, la FGR busca imputarle una defraudación fiscal supuestamente cometida en 2014 por 12 millones 921 mil 762 pesos y otra por 6 millones 613 mil 867 pesos correspondiente a 2015, ambas por el ISR.
Sin embargo, tras la finalización del sexenio pasado, se pactó un acuerdo reparatorio entre Gómez Mont y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el que cubrió la totalidad del daño al fisco en dos pagos.
Uno, por 10.9 millones de pesos, mismo que realizó el 30 de noviembre de 2018; y otro, por 2.6 millones de pesos, pagado el 7 de junio de 2019.
Aun cuando con las operaciones mencionadas anteriormente, se había pactado que quedaría «saldado» el presunto fraude fiscal, no contaba con que debido al cambio de administración, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo entre la presentadora y la extinta dependencia federal, señalando que era ella y no el SAT la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño.
Asimismo, la FGR convirtió este asunto de fraude al fisco en un caso de lavado de dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una querella por las mismas operaciones bancarias.
La C. Juez de distrito, consideró como deficientes los argumentos para que dicha orden tuviera validez, ya que fue girada por presunciones y no hubo argumentos sólidos que señalaran la responsabilidad y participación en el delito del que se le acusa a la presentadora de televisión, así mismo, hubo omisiones por parte del Juez de primera instancia al ordenar la aprehensión, porque no presentó argumentos que motivaran la medida cautelar y que dentro del expediente no hubo medios de prueba que demostraran que la demandada tuviera participación en los hechos de los que se le acusan.
Cabe señalar que dicho fallo es favorable, parcialmente para la exconductora de televisión, toda vez que aún existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República impugne mediante el recurso de Revisión dicha orden y que el Tribunal Colegiado entre al estudio del caso y emita un veredicto, lo cual puede llevar algunos meses más.
