Se llevaron a cabo cateos en nueve domicilios de la capital ligados a red del Cártel mobiliario, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), precisó que la mayoría de los inmuebles pertenecían a quienes se desempeñaban como directores generales en la Alcaldía de Benito Juárez, obras y desarrollo urbano, y jurídico y de Gobierno, así como a sus familiares y empresas relacionadas con dichas personas, incluyendo servidores públicos, hasta el momento se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones del caso del Cartel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el funcionario, entre los inmuebles se encuentran predios, casas y departamentos, de los cuales nueve están directamente relacionados con la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción que se sometió al mecanismo del criterio de oportunidad, de acuerdo con el portavoz.
Asimismo, la Fiscalía capitalina preció que estos inmuebles fueron adquiridos por personas físicas y morales cuyo incremento patrimonial posiblemente es injustificado. Además, algunos estaban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, a las que se les han respetado sus derechos.
Según la Fiscalía algunos de los exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez propietarios de estos inmuebles son; Nicias René Aridjis, Víctor Manuel Mendoza Acevedo y Emilio Sordo Zabay, entre otros exfuncionarios de alto nivel de la demarcación.
Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
Por el caso del Cártel Inmobiliario, seis servidores públicos han sido detenidos: Christian Von Roehrich de la Isla, exdelegado de la Benito Juárez, así como si hermana Sofía “N” y otro empresario de nombre Roberto “N”, mientras que otros cuatro están en calidad de evadidos, indicó en entrevista con SinEmbargo el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Además está el caso de un exfuncionario detenido por enriquecimiento ilícito cuyo papel en esta trama ha sido investigado.
Christian Von Roehrich se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Norte, misma figura que fue aplicada a Adelaida “N”, exdirectora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el actual Gobierno de Santiago Taboada. La Fiscalía también detuvo a la hermana del exalcalde Sofía “N” y al exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Nicias Aridjis Vázquez, quien se desempeñó en el cargo a lo largo de cuatro administraciones que incluyen los gobiernos de Jorge Romero y Christian Von Roehrich. Ambos están en prisión domiciliaria.
Además han sido detenidos Ismael Isauro Chalico García, quien ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de Director General de Administración; José Ramón “N”, supervisor de trabajos de la Alcaldía, Alejandro “N”, extrabajador de la demarcación, y el empresario Roberto “N”. Se encuentran evadidos Victor Mendoza, Director de planeación, Emilio Sordo, Director de Desarrollo Urbano; y Elvia “N” y César “N”, este último trabajador por honorarios. De igual forma ha sido detenido por enriquecimiento ilícito Luis Vizcaíno, exdirector general Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, cuyo papel en la trama, según se ha informado, estaba bajo investigación.
“Tenemos, además, a otros más que están señalados, que era el director de Participación Ciudadana, el Director de Servicios Urbanos, la directora de Planeación y dos personas más que hacían las veces de gestores [de las cuales una ya fue detenida]”, expuso Lara. “¿Van a aparecer más personas vinculadas? Es probable que sí, que vamos a tener otros empresarios, porque hemos estado investigando más de 130 inmuebles”.
“Es probable que tengamos que seguir la ruta del dinero y encontrar esos vínculos [entre empresarios, exfuncionarios y sus allegados], y por eso, lo quería señalar, lo que se nos está abriendo es otra posibilidad con los funcionarios hacia otro tipo de operaciones de mayor envergadura, y si hablamos de esto entonces es probable que tengamos que pedir la intervención de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan llevar este tema a sus consecuencias”.
