Desde el inicio de la actual administración MORENISTA, el gobernador Julio Menchaca Salazar, descubrió la presunta existencia de una red de corrupción por más de 500 millones de pesos, en el cual estuvieron involucrados principalmente 13 presidentes municipales, pero al paso de las investigaciones se ha ido descubriendo el nombre de más personas involucradas.
Desde el comienzo de la investigación las autoridades pertinentes han llevado a cabo la detención de presidentes municipales, así como de funcionarios públicos de la administración de Omar Fayad Meneses. La última detención de un involucrado en la “estafa siniestra” fue la de Martiniano Vega Orozco, oficial mayor del pasado gobierno, por elementos de la Policía Ministerial de Hidalgo, así como la ex secretaria de finanzas, quienes dejaron las arcas vacías.
Asimismo, hace solo unos días Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), dio a conocer que el dinero que recibieron los alcaldes como parte de la Estafa Siniestra fue a caer a cuentas de personas y personajes de la vida pública del estado.
Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) determina cuál fue la ruta que siguieron los más de 500 millones de pesos involucrados en la denominada Estafa Siniestra.
Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la PGJEH, explicó que se inició con el seguimiento del dinero a partir de la información que se obtuvo por parte de tesoreros y de la directora del DIF, así como otros funcionarios municipales. Posteriormente, se obtuvo información de la Secretaría de Finanzas de cómo llegó el dinero a los presidentes municipales y de ahí cómo fue transferido a las empresas.
Una vez que el dinero cayó a las cuentas de las empresas, hay dos rutas de extracción: en efectivo y transferencias. En el caso de las transferencias reveló que fueron enviadas a personajes o personas, inclusive de la vida pública de Hidalgo.
El encargado de despacho indicó que el objetivo final es que habiendo acreditado la adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos de procedencia ilícita, entonces se plantee la extinción de dominio.
