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Contrapeso institucional, principal riesgo de Reforma Judicial: BMA

Pachuca, Hgo., a 20 de junio de 2024.

La Reforma al Poder Judicial consiste en la búsqueda de una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, por Órganos administrativos y disciplinarios independientes, así como nuevas reglas procesales.

 “Con esta propuesta existe el riesgo de la falta de un contrapeso institucional por sí mismo y que el Poder Judicial se vea influenciado por la política partidista. Esto podría resultar en que los funcionarios judiciales favorezcan a ciertos grupos políticos o tomen decisiones basadas en la popularidad en lugar de la ley”, consideró Antonio Márquez Hidalgo, Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo.

Señaló que dentro del panorama que visualizan es que habrá un impacto en la inversión extranjera, en la incertidumbre jurídica, la puesta en riesgo de la independencia e imparcialidad judicial, el retroceso a los derechos humanos y la democratización de la justicia.

Manifestó que el tema económico tendrá un impacto y repercusión, ya que podría verse afectada la inversión extranjera en nuestro país, por ejemplo, dijo, la muy real y tangible relación comercial que tenemos con Estados Unidos, con quien el volumen de intercambio que mantiene México equivale al 80 por ciento del PIB nacional.

La Reforma al Poder Judicial fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, como parte del paquete de 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales, sin embargo, la falta de una mayoría calificada en el congreso federal dificultó su aprobación.

Derivado del resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, mediante las cuales se apunta a que el partido Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada en el poder legislativo, es inminente la reforma.

Márquez Hidalgo indicó que como Colegio estarán atentos y participativos en las mesas de diálogo e interacción que se llevarán a cabo para tener una presencia activa en pro del Estado de Derecho.


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