El Tribunal Supremo de España ha decidido abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La causa se centra en la filtración a la prensa de un correo electrónico confidencial relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En marzo de 2024, se filtró a los medios de comunicación un correo electrónico en el que el abogado de González Amador proponía un pacto de conformidad para evitar el juicio por presuntos delitos fiscales. El contenido del correo fue publicado por diversos medios, lo que generó una gran controversia política y mediática.
El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, considera que existen indicios suficientes para acusar a García Ortiz de haber facilitado dicha información a la prensa. Por este motivo, ha decidido abrir juicio oral contra él.
La apertura del juicio ha generado reacciones diversas en el ámbito político y judicial. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “inmenso error” que un fiscal general procesado se atreva a decir que hay que cumplir las leyes.
Por su parte, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, defendió la independencia judicial y subrayó que cada cargo público es responsable de sus actos.
El juez Hurtado ha impuesto a García Ortiz una fianza de 150.000 euros, que deberá consignar en un plazo de cinco días. En caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.
Además, el magistrado ha rechazado la suspensión cautelar de su cargo, argumentando que “hay un vacío legal” en la regulación que impide adoptar esta medida en este caso.
Defensa del fiscal general García Ortiz ha negado en diversas ocasiones haber filtrado el correo en cuestión. En su comparecencia ante el Tribunal Supremo, se negó a responder a las preguntas del juez y de las acusaciones, alegando que la instrucción vulnera su derecho de defensa y debería declararse nula.
El fiscal general se mantiene en su cargo y ha expresado su confianza en la justicia y en la independencia del Ministerio Fiscal. En la apertura del año judicial, defendió su presencia y subrayó su compromiso con la legalidad y la lucha contra la criminalidad organizada, la violencia machista y otros delitos.