La Secretaría de Economía anunció la aplicación de una nueva tarifa a la importación de calzado proveniente de China, medida que busca reforzar la competitividad de la industria nacional y prevenir prácticas de comercio desleal.
De acuerdo con la dependencia, la decisión responde a un aumento significativo en la entrada de calzado chino a bajo costo, lo que ha generado presión en productores mexicanos, especialmente en estados como Guanajuato, Jalisco y Estado de México, donde se concentra la mayor parte de la manufactura zapatera.
La titular de Economía detalló que la tarifa se aplicará de manera inmediata a diversas categorías de calzado, con el objetivo de equilibrar el mercado y garantizar condiciones justas de competencia. Subrayó que no se trata de una medida de cierre comercial, sino de protección temporal ante importaciones con precios por debajo del costo de producción.
“México cuenta con una tradición zapatera reconocida a nivel mundial y es nuestra obligación cuidar a los trabajadores y a las empresas nacionales frente a prácticas desleales”, afirmó la funcionaria.
En el país, la industria del calzado genera más de un millón de empleos directos e indirectos, siendo León, Guanajuato, la capital zapatera de América Latina.
Con esta acción, el gobierno federal pretende dar un respiro a las más de 7 mil pequeñas y medianas empresas del sector que han manifestado dificultades para competir con productos de bajo costo.
Al respecto, representantes de la Cámara de la Industria del Calzado Mexicano (CICEG) celebraron la decisión y señalaron que permitirá estabilizar los precios y mejorar la producción nacional. No obstante, reconocieron que será necesario complementar la medida con programas de modernización tecnológica y apoyo a la exportación.
Por su parte, especialistas advirtieron que la tarifa podría provocar un ligero incremento en los precios para el consumidor final, aunque coincidieron en que el impacto será menor frente a los beneficios para la economía mexicana.
La Secretaría de Economía reiteró que se mantendrá en diálogo con productores, importadores y consumidores para dar seguimiento a los efectos de la tarifa, que estará vigente durante los próximos cinco años, con posibilidad de revisión anual.
Con esta decisión, México busca enviar una señal clara de respaldo a la industria nacional, al tiempo que reafirma su compromiso con un comercio internacional justo y equilibrado.