El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves el congelamiento de bienes de 22 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown.
egún el comunicado oficial, los sancionados están implicados en actividades de lavado de dinero, control de gobiernos municipales y favorecimiento a la operación del crimen organizado.
Entre ellos, se destacan tanto empresarios como funcionarios que, presuntamente, facilitaron el control territorial y económico del cártel en diversas regiones del país.
La diputada Hilda Araceli Brown, quien se desempeña en el Congreso de la Unión, negó categóricamente las acusaciones, calificando la medida como parte de una campaña de desprestigio político. A través de sus redes sociales y un comunicado oficial, aseguró que todas sus cuentas y operaciones son legales y transparentes, y que colaborará con las autoridades para aclarar la situación.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó que aplicará el bloqueo administrativo correspondiente, como parte de la cooperación internacional con Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y los nexos del crimen organizado con funcionarios y empresarios.
La UIF destacó que este tipo de medidas son esenciales para interrumpir la infraestructura financiera de grupos delictivos y proteger la integridad de las instituciones mexicanas.
Expertos en seguridad y derecho internacional señalaron que este tipo de sanciones envían un mensaje claro sobre la cooperación entre países para enfrentar al crimen organizado, demostrando que los actos ilícitos que cruzan fronteras no quedarán impunes. Además, advierten que la participación de figuras públicas en estas investigaciones pone en evidencia la importancia de transparencia y control en cargos de representación política.
La medida generó revuelo en redes sociales, donde ciudadanos y analistas debatieron sobre la implicación de políticos y empresarios en actividades ilícitas, así como sobre la eficacia de la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos.
Con el congelamiento de bienes de estas 22 personas y empresas, las autoridades estadounidenses buscan desmantelar estructuras financieras del Cártel de Sinaloa y reafirmar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que México refuerza sus mecanismos legales y de supervisión.