La comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur se encuentra en estado de alerta luego de que un juez liberara la orden de captura contra Lex Ashton, señalado como agresor de estudiantes y responsable de actos violentos dentro del plantel.
Los hechos habrían ocurrido en semanas recientes, cuando diversos alumnos denunciaron agresiones físicas y psicológicas por parte de Ashton, generando protestas y llamados inmediatos a las autoridades para garantizar la seguridad en el campus. La situación cobró relevancia nacional debido a la magnitud de las denuncias y la participación de colectivos estudiantiles que exigen justicia.
La orden de captura, ahora ejecutable por elementos de seguridad, fue emitida tras la presentación de evidencias contundentes, incluyendo testimonios de víctimas y grabaciones que respaldan las acusaciones. La Fiscalía General informó que el objetivo es resguardar la integridad de la comunidad estudiantil y garantizar que Lex Ashton enfrente a la justicia sin retrasos.
La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde estudiantes y exalumnos del CCH Sur expresaron indignación y preocupación. “Es un paso importante, pero esperamos que las autoridades actúen con rapidez.
La violencia no puede ser tolerada en nuestras instituciones”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).
Por su parte, representantes legales de Ashton han solicitado la revisión de la orden, argumentando supuestas inconsistencias en las acusaciones, aunque hasta el momento las autoridades mantienen firme la detención como medida preventiva.
Organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos estudiantiles han llamado a vigilar de cerca el proceso y a exigir transparencia en cada etapa de la investigación, asegurando que la justicia se aplique de manera imparcial y efectiva.
La liberación de la orden marca un punto crucial en la lucha por la seguridad en los planteles del CCH Sur, y se espera que en los próximos días se realice la detención formal y se inicien los procedimientos judiciales correspondientes.
Un caso que mantiene en vilo a la comunidad educativa y subraya la necesidad de protocolos claros y acciones rápidas ante situaciones de violencia en las instituciones académicas.