La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, salió a declarar lo
que muchos esperaban escuchar: “no habrá impunidad” en el caso del albergue
Casa de las Mercedes, donde autoridades rescataron a 80 niñas y adolescentes
tras detectar presuntos actos de abuso, negligencia e irregularidades.
El operativo, realizado por personal del DIF, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Fiscalía capitalina, destapó una realidad que parece salida de
una pesadilla. Las menores fueron trasladadas a distintos albergues bajo
resguardo, mientras las autoridades investigan posibles delitos de violación,
maltrato y corrupción de menores.
El escándalo se desató cuando se filtraron reportes de que el refugio, que se
presentaba como “espacio de protección y apoyo”, funcionaba más como cárcel
encubierta. Testimonios de algunas jóvenes apuntan a malos tratos, castigos,
carencias y presunta complicidad de algunos responsables del lugar.
Brugada fue enfática: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No
habrá protección para nadie. La prioridad son las niñas y adolescentes”. Sin
embargo, en redes sociales la indignación no se hizo esperar. Usuarios
criticaron que estos hechos no se detectaran antes y cuestionaron la falta de
supervisión de instituciones que, en teoría, deberían garantizar la seguridad de
los menores.
El caso también destapó un debate sobre la responsabilidad del Estado y las
organizaciones civiles que operan refugios bajo convenios oficiales.
Especialistas en derechos humanos exigen revisar cada uno de estos espacios,
pues “si un albergue se convierte en infierno, el sistema está fallando”.
Mientras las investigaciones avanzan, la Casa de las Mercedes ya es sinónimo
de horror. Y aunque Brugada promete justicia, la opinión pública no olvida que
en México los casos “sin impunidad” suelen archivarse cuando el escándalo se
apaga.