Empresas grandes como Minsa o Maseca cuentan con silos industriales propios
para almacenar granos destinados a sus procesos
“Cuando el grano vale menos que el esfuerzo: el clamor del campo mexicano”
El precio del maíz en México se ha convertido en un tema de alarma para los
agricultores y consumidores por igual. Mientras los productores luchan por
obtener un precio justo por su cosecha, intermediarios y grandes empresas
como Maseca y Minsa parecen salir siempre ganando.
Actualmente, los agricultores exigen al gobierno un precio de garantía de 7,200
pesos por tonelada de maíz, cifra que consideran indispensable para cubrir
costos de producción y garantizar su sustento. Sin embargo, el precio oficial
que reciben suele estar muy por debajo de esa cifra, lo que pone en riesgo la
viabilidad económica de miles de familias rurales en al menos 20 estados del
país.
La situación se complica cuando el maíz llega al mercado. Los intermediarios
compran el grano a precios bajos y, gracias a su control en la cadena de
distribución, lo venden a grandes corporaciones como Maseca y Minsa, quienes
procesan y venden harina de maíz a precios mucho más altos. Esto genera un
margen de ganancia significativo para las empresas, mientras los productores
apenas cubren sus costos.
“El problema no es el maíz en sí, sino quién lo controla. Los agricultores no
vemos beneficio de nuestro propio trabajo; los que realmente ganan son los
intermediarios y las grandes empresas”, denuncia un productor del estado de
Hidalgo.
El impacto se refleja también en la mesa del consumidor. La tortilla, alimento
básico en millones de hogares, mantiene precios elevados, a pesar de que los
costos de producción del maíz para el agricultor sean bajos. Esto evidencia un
desequilibrio en la cadena de valor, donde el grano sale de los campos a precios
insuficientes para quienes lo producen y termina en supermercados y tortillerías
a precios que muchas familias no pueden asumir con facilidad.
Especialistas en economía agrícola alertan que, si esta situación persiste,
México podría enfrentar una crisis alimentaria silenciosa. La falta de precios
justos y de almacenamiento adecuado para el maíz pone en riesgo la seguridad
alimentaria y la subsistencia de los pequeños agricultores, mientras los
intermediarios y grandes corporaciones continúan aumentando sus ganancias.
La presión sobre el gobierno crece. Agricultores exigen medidas urgentes, como
la creación de bodegas para almacenar el producto y un precio mínimo
garantizado que permita vivir dignamente del maíz. La pregunta que muchos se
hacen hoy es clara: ¿seguirá ganando la industria mientras los productores
pierden?
“Maseca, Minsa y el precio del maíz: ¿quién gana y quién pierde
en la mesa mexicana?”
El campo mexicano enfrenta una de sus crisis más profundas en
años. Agricultores de al menos 20 estados han salido a las calles
para exigir al gobierno un precio de garantía de 7,200 pesos por
tonelada de maíz, frente a la caída del valor del grano, que hoy se
vende entre 4,800 y 5,000 pesos, muy por debajo de los costos de
producción que van de 45,000 a 55,000 pesos por hectárea.
El gobierno federal estableció un precio de 6,050 pesos por
tonelada, cifra que los productores consideran insuficiente para
cubrir sus gastos. A esta problemática se suma la falta de
espacios de almacenamiento adecuados, pues limpiar el maíz para
recibirlo en las bodegas representa un gasto extra de 4,000 a
5,000 pesos por tonelada. Por ello, los agricultores han solicitado
a Segalmex que acepte el grano a granel y la habilitación de más
bodegas en regiones como la Costa Chica, la zona Norte y la Tierra
Caliente.
La presión social se ha hecho evidente con bloqueos en carreteras
y marchas en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y la
región del Bajío, exigiendo una respuesta inmediata del gobierno
federal.
Aunque la 4T ha promovido programas como Sembrando Vida y
Producción para el Bienestar con la intención de rescatar el
campo y fortalecer la soberanía alimentaria, los precios de los
alimentos siguen golpeando la economía familiar. Un ejemplo es la
tortilla, cuya subida impacta directamente la dieta diaria de los
mexicanos.
Empresas como Maseca y Minsa se han visto señaladas por
beneficiarse del precio del maíz sin que esto se refleje en la harina
de maíz que producen. Ambas empresas, ligadas históricamente a
distintos gobiernos y actualmente con presencia global, se han
enriquecido mientras muchos productores enfrentan la
incertidumbre de no poder cubrir sus necesidades básicas.
La crisis actual evidencia que la soberanía alimentaria no se logra
solo asegurando alimentos, sino garantizando que los pueblos
puedan decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y distribuir sus
propios alimentos, sin que unos pocos se enriquezcan a costa de
la mayoría. Por ello, organizaciones sociales llaman a recuperar el
control de los recursos nacionales para asegurar el derecho a la
alimentación de todos los mexicanos.