El caso del asesinato de los influencers regiomontanos conocidos como Regio Clown y B-King ha tomado un giro alarmante luego de que familiares y abogados de varios detenidos denunciaron presuntos actos de torura y violaciones al debido proceso para forzar confesiones.
De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, los jóvenes aprehendidos habrían sido incomunicados durante horas y sometidos a agresiones físicas y psicológicas por parte de agentes ministeriales en un intento por obtener declaraciones autoinculpatorias.
Las familias aseguran que las autoridades estatales buscan cerrar el caso con rapidez, sin respetar las garantías básicas de los acusados.
El asesinato de los populares creadores de contenido, ocurrido el mes pasado en el municipio de Escobedo, Nuevo León, conmocionó a la comunidad digital.
Los cuerpos fueron hallados en un vehículo con signos de violencia, y desde entonces las investigaciones se han desarrollado en medio de fuertes cuestionamientos públicos.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Justicia para la Paz, han solicitado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso y verifique las condiciones de los detenidos. “La tortura no puede ser el camino para obtener justicia. Lo que debe prevalecer es la verdad y el respeto al debido proceso”, señalaron en un comunicado.
Por su parte, la Fiscalía estatal mantiene su postura de que los implicados habrían participado en una disputa interna vinculada a la producción de contenido en redes, aunque no ha ofrecido pruebas concluyentes. La defensa de los detenidos, en cambio, insiste en que fueron usados como “chivos expiatorios” para calmar la presión mediática.
El caso continúa bajo investigación y ha generado un debate nacional sobre el abuso de poder en las investigaciones criminales y la necesidad de garantizar procesos transparentes y apegados a derecho.