La iniciativa privada (IP) en México solicitó al gobierno federal reconsiderar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, argumentando que afecta tanto al consumo de productos como a la competitividad del sector.
Representantes de cámaras empresariales y asociaciones del ramo sostuvieron que el impuesto ha generado un aumento en los precios que impacta directamente en los consumidores, especialmente en familias de ingresos medios y bajos.
Durante una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), empresarios expusieron que el gravamen, vigente desde hace varios años, ha contribuido a la caída en ventas y a la migración de consumidores hacia bebidas no reguladas, lo que genera un efecto limitado sobre la salud pública. Además, señalaron que el IEPS ha incrementado la informalidad en el sector y la presión sobre pequeños y medianos productores de refrescos.
“Solicitamos un análisis integral que contemple los efectos económicos, sociales y fiscales del IEPS. No se trata de eliminar políticas de salud, sino de implementar medidas más equitativas que no afecten la economía de las familias ni la estabilidad de las empresas”, indicó Arturo Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Bebidas Azucaradas.
Expertos en economía explicaron que los impuestos a productos específicos pueden ser herramientas útiles para desincentivar el consumo de sustancias nocivas, pero advirtieron que su eficacia depende de la estructura del mercado y de programas complementarios de educación y prevención. En México, donde el consumo de refrescos es elevado, el IEPS ha generado polémica sobre su impacto real en la salud pública y la economía familiar.
Las cámaras empresariales propusieron alternativas, como programas educativos sobre nutrición, etiquetado más claro y promoción de bebidas bajas en azúcar, como estrategias complementarias para fomentar hábitos saludables sin comprometer la competitividad del sector ni afectar la economía de los consumidores.
El gobierno federal aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud, aunque se espera que en las próximas semanas se presenten análisis técnicos y posibles ajustes al marco tributario que regulan las bebidas azucaradas en el país.