El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de más de 50 políticos y
funcionarios mexicanos como parte de una nueva estrategia de presión
diplomática en su combate regional contra el narcotráfico y la corrupción,
informaron fuentes del Departamento de Estado.
De acuerdo con medios estadounidenses, entre los afectados se encuentran
exgobernadores, legisladores, alcaldes y exfuncionarios de seguridad,
señalados por presuntos vínculos con organizaciones delictivas o por haber
participado en esquemas de desvío de recursos relacionados con la venta y
transporte de drogas hacia territorio norteamericano.
Aunque el gobierno estadounidense no ha revelado públicamente la lista
completa de los nombres, trascendió que las medidas forman parte de una
actualización en el marco de la Ley de Designación de Narcotraficantes
Extranjeros (Kingpin Act), con la que Washington busca ampliar su alcance
sancionador en América Latina.
Un portavoz del Departamento de Estado indicó que la revocación de visas se
basa en “información creíble sobre actividades ilícitas”, y precisó que las
acciones buscan “enviar un mensaje claro contra la impunidad”. La medida se
suma a las restricciones financieras impuestas recientemente por el
Departamento del Tesoro a empresarios y exfuncionarios mexicanos vinculados
a operaciones de lavado de dinero.
En México, la noticia generó reacciones políticas inmediatas. Legisladores de
distintos partidos demandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores
establecer contacto con la embajada estadounidense para conocer los criterios
de las sanciones y evitar que se afecten relaciones diplomáticas.
Por su parte, analistas en temas de seguridad internacional consideran que esta
acción refleja un endurecimiento de la política estadounidense hacia México, en
un contexto donde la cooperación bilateral enfrenta tensiones por el tráfico de
fentanilo, armas y migración irregular.
El embajador de Estados Unidos en México señaló que su país “continuará
colaborando con el gobierno mexicano” para fortalecer el Estado de derecho y
combatir las redes criminales transnacionales. Sin embargo, aclaró que las
decisiones sobre visas son un asunto soberano de su gobierno y no están
sujetas a negociación.
Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha confirmado si entre los
sancionados se encuentran funcionarios en activo, aunque se espera un
pronunciamiento oficial en las próximas horas.