Un grupo de jueces y magistrados cesados tras la reciente Reforma Judicial
presentó demandas ante tribunales federales para exigir el pago de
indemnizaciones y liquidaciones completas, alegando que su despido no respetó
los derechos laborales y constitucionales establecidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Los afectados, cuya cantidad exacta no ha sido revelada, señalan que fueron
removidos de sus cargos de manera abrupta sin notificación formal ni cálculo
adecuado de prestaciones, incluyendo antigüedad, salarios caídos y
compensaciones por jubilación.
En conferencia de prensa, Héctor Salazar, representante de los juzgadores,
explicó que “la Reforma Judicial no puede ser utilizada para vulnerar derechos
adquiridos. Exigimos que se nos paguen todas las indemnizaciones pendientes,
conforme a la ley”.
La Reforma Judicial, impulsada por el Congreso este año, contempla
reestructuración de tribunales, reducción de plazas y modificación de
competencias, con el objetivo de agilizar procesos y combatir la corrupción. Sin
embargo, los jueces removidos argumentan que las medidas carecieron de
criterios claros de selección y de protocolos de transición, lo que derivó en
despidos injustificados.
El Poder Judicial informó que los pagos y compensaciones se encuentran en
revisión, pero que se respetarán los derechos de quienes resulten afectados, y
que se seguirá el procedimiento legal correspondiente para evitar conflictos
laborales.

Abogados especializados en derecho laboral y administrativo consideran que
los juicios iniciados podrían generar indemnizaciones millonarias, dependiendo
de la antigüedad de los jueces y la naturaleza de los cargos que ocupaban.
Organismos ciudadanos y sindicatos judiciales han mostrado interés en el caso,
pues consideran que marca un precedente en la relación entre reformas
estructurales y derechos laborales dentro del Poder Judicial mexicano.
Mientras tanto, los juzgadores cesados continúan con acciones legales y
amparos para garantizar que la Reforma Judicial no se aplique de manera
retroactiva en perjuicio de sus intereses.

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