La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los ciudadanos mexicanos que integran la flotilla Global Sumud, bloqueada recientemente en aguas internacionales y territorios fronterizos, serán trasladados al centro de detención de Ketziot, ubicado en Israel. La medida se aplica tras coordinar acciones con autoridades locales y con el objetivo de garantizar la seguridad de los nacionales involucrados. El traslado ha generado preocupación entre familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes han solicitado a la SRE y al gobierno mexicano mantener vigilancia constante y garantizar condiciones dignas para los detenidos. La dependencia indicó que se ha brindado asistencia consular y que se mantiene comunicación directa con los afectados para atender necesidades médicas y de seguridad.
El centro de detención de Ketziot es conocido por albergar a extranjeros bajo procedimientos legales específicos, y la SRE aseguró que se garantizará que los mexicanos reciban un trato conforme a los estándares internacionales y a los derechos humanos, incluyendo acceso a abogados y posibilidad de comunicación con familiares.
La flotilla Global Sumud, cuyo propósito original estaba relacionado con actividades humanitarias y de cooperación internacional, ha sido objeto de un amplio seguimiento mediático debido a la complejidad de la situación y la participación de ciudadanos de varias nacionalidades. La intervención diplomática mexicana busca, además de proteger a los nacionales, mantener la cooperación con autoridades internacionales y asegurar que se respeten los procedimientos legales correspondientes.
Especialistas en relaciones internacionales destacan que la actuación de la SRE refleja protocolos de protección consular y diplomática que se aplican en situaciones de riesgo para mexicanos en el extranjero.
La dependencia continuará monitoreando el caso y evaluando medidas adicionales para garantizar el bienestar de los integrantes de la flotilla mientras se encuentran bajo custodia.
El gobierno mexicano enfatizó que su prioridad es la protección de sus ciudadanos, trabajando para que esta contingencia se resuelva conforme a la legalidad y los estándares internacionales de derechos humanos.