Tras el rescate de 28 jóvenes la mayoría entre 13 y 17 años de edad que
viajaban en una embarcación en el mar del Golfo de California con destino al
norte del país, las autoridades mexicanas activaron una investigación por
posible explotación laboral infantil.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó que la mayoría de
los jóvenes son originarios de Chiapas y que fueron rescatados cuando eran
trasladados hacia campos agrícolas o zonas de trabajo en Baja California Sur
sin las condiciones ni autorizaciones legales requeridas.
Sheinbaum descartó que el caso esté vinculado al crimen organizado, pero
insistió en que se explorará si existía un modelo de contratación ilegal o de
explotación laboral infantil, y que quien los trasladaba —un adulto detenido—
está en investigación.
El operativo fue realizado por la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de
Sinaloa quienes detectaron la embarcación mientras cruzaba hacia la Península
de Baja California. Los menores fueron puestos en custodia del estado,
atendidos y se inició la averiguación correspondiente.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los desafíos más persistentes en
México: la protección de menores de edad en contextos laborales y migratorios,
donde el límite entre “trabajo” y “explotación” puede desaparecer. La pregunta
es: ¿cuántos más están en trayectos extra controlados y quiénes los mueven?
La clave para el gobierno es que no se limite a decir “no era crimen organizado”,
sino que tenga un protocolo claro, sanciones reales y reparación para quienes
fueron vulnerados. La inspección laboral, la ética empresarial y la dignidad
humana deben ganar terreno.