La historia que parecía puro chisme de redes terminó convertida en escándalo
político: el Congreso de la Ciudad de México señaló a la alcaldesa de
Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de haber financiado —con recursos
públicos— a los grupos violentos que desataron destrozos durante la marcha de
la Generación Z el pasado sábado. Sí, la famosa “conjura Z” ya tiene presunta
autora intelectual.
De acuerdo con legisladores capitalinos, existen indicios de que la alcaldía
habría pagado a grupos de choque para infiltrarse en la manifestación juvenil y
provocar los disturbios que terminaron en vidrios rotos, enfrentamientos con
policías y caos en el Centro Histórico. La acusación elevó la temperatura
política justo cuando el gobierno capitalino ya había advertido de una operación
“bien organizada” detrás de la violencia.
Rojo de la Vega rechazó tajantemente las versiones —como era de esperarse—
y calificó la denuncia como un “ataque político” impulsado por Morena. Sin
embargo, el Congreso insistió en que se investigará a fondo, pues consideran
“sumamente grave” que una alcaldía pueda haber desviado recursos para
financiar vandalismo, sobre todo en una marcha encabezada por jóvenes que
exigían mejoras educativas y libertades digitales, no guerras políticas.
En redes, el tema estalló: unos acusan un intento de linchamiento político; otros
aseguran que “todo huele a montaje”, y un tercer grupo pregunta,
sarcásticamente, si también habrá recompensa por dar con “los patrocinadores
del caos”.
Mientras tanto, el gobierno capitalino reiteró que los disturbios del sábado no
fueron espontáneos, sino planeados para generar desestabilización. La
investigación continúa y ya se espera un jaloneo mediático de esos que duran
semanas.
Lo único claro es esto: entre acusaciones, negaciones y marchas convocadas
sin autor claro, la Ciudad de México vive uno de sus episodios más novelescos.
Y apenas es martes.