La política mexicana volvió a encenderse y, como era de esperarse, el
protagonista es uno de los viejos conocidos del tablero: Francisco García
Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y eterno personaje polémico.
Ahora, Morena volvió a la carga. Legisladores del partido guinda están
presionando tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que avancen en una nueva
denuncia que acusa al exmandatario de delincuencia organizada y tráfico de
hidrocarburos, cargos que ya habían aparecido en capítulos anteriores del
mismo drama político.
La cereza del pastel es que, mientras Morena pide cercarlo legalmente, el PAN
decidió enviarlo como su representante en Estados Unidos, un movimiento que
muchos consideran un intento de blindarlo bajo la bandera de la diplomacia
partidista. Algo así como: “Si ya está en problemas aquí, pues mándenlo donde
no lo alcancen”.
Entre tanto jaloneo, el caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el
poder político y los órganos de justicia. Morena insiste en que no es
persecución, sino una “exigencia de legalidad”; mientras el PAN asegura que se
trata de una nueva vendetta política orquestada desde el poder federal.
El escenario queda así: un exgobernador acusado de delitos graves, un partido
oficial exigiendo acción inmediata, una oposición que lo defiende enviándolo al
extranjero, y un sistema judicial atrapado entre presiones y reflectores.
Porque en México, cuando se trata de política, siempre hay segunda parte. Y
tercera. Y cuarta.