Después de años de presiones sociales, marchas, denuncias virales y carpetas
de investigación que parecían eternas, el Senado de la República finalmente dio
un paso que muchos consideraban indispensable: endurecer las penas por
abuso sexual, elevando el castigo hasta nueve años de prisión.
Sí, nueve. No suena a mucho cuando se piensa en la gravedad del delito, pero
en un país donde históricamente los agresores lograban librarla con una multa,
una disculpa o “falta de pruebas”, es un cambio que no pasa desapercibido.
La reforma —aprobada con amplia mayoría— modifica el Código Penal Federal
para incrementar las sanciones en todos los casos de abuso sexual,
especialmente cuando las víctimas son menores de edad o están en situación
vulnerable. Además, contempla agravantes y elimina algunos vacíos legales que
antes permitían que más de uno escapara “por tecnicismos”.
Durante la discusión, varios senadores destacaron que el país vive una ola
preocupante de violencia sexual y que el sistema de justicia debía enviar un
mensaje contundente. Otros, con tono más autocrítico, reconocieron que el
rezago legislativo era inaceptable y que las víctimas llevaban años exigiendo lo
que hoy finalmente se aprobó.
Fuera del recinto, organizaciones feministas celebraron el avance, pero
advirtieron que endurecer penas no basta si las fiscalías siguen sin investigar,
si las denuncias no avanzan y si los agresores continúan siendo protegidos por
redes de impunidad. “La ley es un paso; la aplicación es lo que realmente
importa”, señalaron.
En redes sociales, la conversación se convirtió rápidamente en tendencia.
Algunos usuarios festejaron que “por fin le pusieron números serios al delito”,
mientras otros ironizaron diciendo que las penas deberían ser tan duras como
las que se aplican a quien no paga impuestos o a quien toma video en el cine.
Lo cierto es que esta reforma representa un mensaje político importante: el
tema ya no puede seguir siendo minimizado ni tratado como una falta menor.
Aunque el reto ahora es enorme capacitación, seguimiento de casos, atención a
víctimas y cero impunidad, al menos el marco legal comienza a alinearse con la
realidad que las víctimas han denunciado durante décadas.
El castigo ya subió. Ahora falta que la justicia deje de fallar.