La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las percepciones de las y los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron una
reducción significativa: pasaron de 206 mil pesos mensuales a 134 mil. Un
ajuste que, según el gobierno, busca “poner orden” en lo que consideran
excesos salariales del Poder Judicial. Según críticos, es apenas un raspón a un
sistema que sigue siendo privilegiado. Depende de a quién se le pregunte.
En su mensaje, Sheinbaum explicó que la disminución responde a la política de
austeridad que su administración ha prometido desde el primer día. La medida
incluye compensaciones y otros ingresos “adicionales” que, en conjunto,
inflaban la remuneración mensual de los ministros. Con el ajuste, asegura el
Ejecutivo, se alinean gradualmente los sueldos con la propuesta de reducir
desigualdades dentro de la administración pública.
Sin embargo, como era de esperarse, la noticia no tardó en encender el debate.
Mientras algunos celebraron la reducción como un acto de justicia salarial,
otros señalaron que es una medida simbólica con poco impacto real, ya que la
SCJN mantiene autonomía administrativa y los ajustes podrían tener límites
jurídicos. Además, los críticos apuntan que las decisiones en materia salarial no
garantizan, por sí solas, mejoras en transparencia o eficiencia judicial.
Por otro lado, especialistas advierten que, más allá de aplaudir o condenar el
recorte, la discusión debe centrarse en cómo afecta esto a la independencia
judicial. Aunque la presidenta insiste en que el objetivo no es debilitar a la
Corte, sino corregir desigualdades, la tensión entre poderes vuelve a situarse en
primer plano.
Aun con el debate, el gobierno considera la medida como un avance hacia su
proyecto de transformación administrativa. En redes sociales, la reacción
ciudadana fue inmediata: desde quienes aplauden la austeridad “porque ya era
hora”, hasta quienes ironizan diciendo que 134 mil pesos “apenas alcanzan para
sobrevivir”.
Lo cierto es que, entre discursos de ahorro y llamados a respetar la autonomía
judicial, la reducción salarial vuelve a mostrar una constante en la política
nacional: las cifras cambian… pero el conflicto también crece.