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OPINIÓN DE: CARLOS BETANCOURT
PACHUCA, HGO., 30 DE ENERO DE 2026
La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que no
existió calumnia en la denuncia presentada por la senadora Carolina
Viggiano Austria contra Morena, no solo cierra un capítulo del proceso
electoral 20232024, sino que también plantea un debate crucial sobre
los límites de la crítica política en México.
Durante la contienda electoral, Morena difundió una publicación en
redes sociales cuestionando la actuación de la senadora y su supuesta
vinculación con irregularidades. Para Viggiano, esto constituía una
agresión a su reputación y un intento de influir en la percepción del
electorado. Sin embargo, el TEPJF consideró que las expresiones
denunciadas formaban parte del debate político legítimo, protegido por
la libertad de expresión.
Este fallo reafirma un principio esencial: en democracia, la política
no puede vivir en un vacío de palabras. Las críticas duras, incluso
incómodas o polémicas, son parte integral del escrutinio público. Limitar
este espacio podría poner en riesgo la transparencia y la rendición de
cuentas, pilares de cualquier elección libre.
Al mismo tiempo, esta decisión evidencia un desafío constante:
¿cómo distinguir entre crítica legítima y ataques que sí vulneran la
reputación de las personas? En la era de las redes sociales, donde los
mensajes se viralizan con rapidez, esta línea se vuelve difusa. El tribunal
ha optado por proteger la expresión política aún a costa de que algunos
señalen excesos retóricos o simplificaciones de la verdad.
Si bien este criterio fortalece la libertad de los partidos y
candidatos para debatir, también obliga a los ciudadanos y a los actores
políticos a ejercer la crítica con responsabilidad. La democracia
mexicana no solo se defiende con reglas y tribunales, sino con un
diálogo público informado y respetuoso.