Cuando la justicia toca la puerta de un despacho público, la política no tarda en
responder. Y esta vez, la escena viene desde Monterrey.
Karina Barrón, secretaria municipal de Desarrollo Humano en la capital
regiomontana, fue imputada por los delitos de extorsión y falsedad de
declaraciones. Junto a ella, otras dos personas enfrentan señalamientos
derivados de una denuncia presentada por el senador morenista Waldo
Fernández.
La acusación es seria. Extorsión y declaraciones falsas no son faltas
administrativas menores. Sin embargo, la respuesta política fue inmediata. El
Partido Revolucionario Institucional (PRI) salió en defensa de la funcionaria y
acusó a Morena y a Movimiento Ciudadano de estar operando una persecución
política “desde el poder”.
Según la postura oficial del PRI, la detención forma parte de una estrategia para
presionar e intimidar a figuras opositoras. Es decir, más que un proceso judicial,
lo califican como un movimiento político.
Del otro lado, la narrativa apunta a que nadie está por encima de la ley y que la
denuncia debe seguir su curso en tribunales. Como suele ocurrir, la verdad
jurídica se debatirá en juzgados, mientras la verdad política se disputa en
conferencias y redes sociales.
El caso abre un viejo debate en México: ¿dónde termina la justicia y dónde
empieza la estrategia partidista? En un clima polarizado, cada investigación se
interpreta según el color político de quien la protagoniza.
Mientras tanto, el proceso legal avanza. La imputación es apenas el inicio de un
camino judicial que deberá determinar responsabilidades con base en pruebas,
no en discursos.
Pero en la arena pública, el juicio ya empezó. Y ahí, las sentencias suelen
dictarse mucho antes de que hable un juez.