El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pasó de prometer desarrollo
energético a enfrentar el poder… pero judicial. Un juez determinó su vinculación
a proceso tras una audiencia maratónica de casi 24 horas, en la que el sueño de
la “transformación” se topó de frente con la realidad de las acusaciones.
Los cargos no son menores: peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de
atribuciones. Toda gira alrededor del polémico contrato con Next Energy, un
proyecto que prometía resolver el suministro eléctrico del estado, pero que
terminó convertido en un caso emblemático de sospechas, cifras infladas y
decisiones cuestionables.
Lo irónico es que Bonilla construyó buena parte de su narrativa política
criticando los excesos del pasado. Hoy, ese mismo pasado parece haberlo
alcanzado… o quizá nunca se fue. La justicia, que tantas veces llega tarde o
incompleta, ahora decidió avanzar con paso firme, al menos en el papel.
El caso no solo impacta al exmandatario, también reabre el debate sobre cómo
se manejan los grandes contratos públicos en México. Porque cuando se habla
de millones, energía y gobiernos, la transparencia suele apagarse justo cuando
más se necesita.
Y mientras el proceso apenas comienza, la pregunta sigue en el aire: ¿será este
un caso de justicia real o solo otro episodio que terminará diluyéndose con el
tiempo?

Porelnuevograficodehidalgo

El Nuevo Gráfico de Hidalgo El Periodismo es una ventana hacia la historia, donde cada día se aprende