En México, la justicia puede ser rápida en papel… y desesperadamente lenta en
la realidad.
Ese es el caso de Doña Carlota, una mujer de 74 años que, a pesar de tener una
orden de prisión domiciliaria desde el 17 de marzo, sigue recluida en el penal de
Chalco.
¿Por qué?
Un “trámite técnico”.
La defensa confirmó que la fianza de 250 mil pesos ya fue cubierta. Es decir,
legalmente, nada impide su liberación.
Excepto la burocracia.
Ese concepto abstracto que, en la práctica, tiene más poder que un juez.
El caso pone en evidencia una falla estructural: no basta con que la justicia
dicte una resolución. También necesita que el sistema funcione para ejecutarla.
Y ahí es donde todo se detiene.
Mientras los documentos se revisan, se sellan, se autorizan y probablemente se
vuelven a revisar, Doña Carlota sigue en prisión.
Esperando.
No por culpa de un delito, sino por un proceso.
La historia no es única. Pero sí profundamente representativa.
Porque en México, muchas veces, el problema no es la falta de decisiones…
sino la incapacidad de cumplirlas.
Y mientras tanto, la justicia se convierte en una promesa a medias.