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POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 26 DE FEBRERO DE 2026
La reforma electoral vuelve al centro del debate nacional con una
consigna poderosa y políticamente rentable: “adiós a los
plurinominales”. La propuesta, impulsada desde el nuevo gobierno
encabezado por Claudia Sheinbaum, plantea una transformación de
fondo en la integración del Congreso de la Unión y en las reglas que han
dado forma a la pluralidad política en México durante casi cinco
décadas.
El argumento es sencillo y seductor: reducir el número de
legisladores, eliminar las listas plurinominales y abaratar el sistema.
Bajo esta lógica, menos curules significan menos gasto y mayor
cercanía entre representantes y ciudadanía. Pero en política, lo simple
rara vez es superficial.
Los legisladores de representación proporcional no surgieron por
capricho. Fueron una respuesta histórica a un sistema cerrado que
impedía la entrada de minorías al Congreso. Su creación permitió abrir
espacios a fuerzas políticas distintas a la mayoría dominante, equilibrar
el poder y fortalecer el debate parlamentario. Eliminar esa figura implica
modificar el delicado balance entre gobernabilidad y representación.
Quienes respaldan la reforma sostienen que el modelo actual es
costoso y ha derivado en excesos partidistas. Argumentan que el voto
directo debe ser el único mecanismo legítimo para ocupar un escaño y
que la representación proporcional ha servido, en ocasiones, para
colocar perfiles sin arraigo territorial ni respaldo ciudadano visible.
Sin embargo, sus críticos advierten un riesgo evidente: un
Congreso compuesto exclusivamente por legisladores de mayoría
relativa puede amplificar la sobrerrepresentación del partido más fuerte
y reducir la presencia de voces minoritarias. La democracia no solo se
mide por la eficiencia administrativa, sino por la inclusión de la
diversidad política.
El eventual rediseño del sistema también impactaría al Instituto
Nacional Electoral, pieza clave en la organización de los comicios.
Cualquier ajuste a su estructura o atribuciones debe analizarse con
extremo cuidado, pues la confianza en las elecciones es uno de los
pilares más sólidos construidos en las últimas décadas.
La discusión de fondo no es contable, es política. ¿Se fortalece la
democracia al reducir el Congreso o se concentra el poder? ¿Se
simplifica el sistema o se debilitan los contrapesos? La respuesta no
puede reducirse a una narrativa de ahorro.
Las reformas electorales definen las reglas del juego democrático.
Tocarlas exige consenso amplio, visión de Estado y memoria histórica.
Porque cuando se modifican los mecanismos de representación, no solo
cambian los números en el pleno: cambia la forma en que una sociedad
se escucha a sí misma.