El caso de los llamados “sobres amarillos” que involucraba a Pío López Obrador
llegó a su fin… al menos en términos legales. El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación decidió cerrar el expediente al considerar que no
existen pruebas suficientes para sostener la denuncia.
El proyecto, presentado por la magistrada Mónica Soto, argumentó que los
videos y fotografías difundidos en su momento no cuentan con la carga
probatoria necesaria. Es decir, no alcanzan para demostrar que el dinero
observado tuviera un destino electoral o estuviera vinculado directamente con
actividades ilícitas.
Además, el tribunal sostuvo que no hay elementos que permitan asegurar que
los recursos hayan sido destinados a Morena o a la campaña del entonces
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
La resolución fue aprobada sin discusión, lo que añade otro elemento al cierre
de un caso que durante años generó debate público y cuestionamientos
políticos.
Como suele ocurrir en este tipo de decisiones, el fallo no necesariamente apaga
la polémica. Mientras jurídicamente el asunto queda resuelto, en el terreno
político y mediático las interpretaciones seguirán.
Porque en México, hay casos que terminan en tribunales… y otros que
continúan en la opinión pública.
