En Hidalgo, al parecer, las autoridades decidieron que si no cumples con lo más
básico como alimentar a tus hijos tampoco deberías tener el privilegio de
manejar. Así, sin rodeos y con el acelerador a fondo, en el Congreso local se
analiza una propuesta que podría prohibir la expedición o renovación de
licencias de conducir a deudores alimentarios.
La iniciativa, que suena tan lógica como incómoda para algunos, busca poner
presión donde más duele: en la movilidad diaria. Porque sí, tal vez ignorar
responsabilidades familiares parecía fácil, pero hacerlo sin poder conducir…
eso ya cambia el panorama.
El planteamiento es claro: si una persona está inscrita en el padrón de deudores
alimentarios, no podrá tramitar su licencia. Y no, no es castigo exagerado,
dicen sus impulsores, sino una medida para garantizar que las obligaciones
legales —y morales— se cumplan.
La propuesta también abre el debate sobre hasta qué punto el Estado debe
intervenir en la vida privada. Mientras unos celebran la medida como un acto de
justicia para niñas, niños y adolescentes, otros la ven como una sanción
excesiva que podría complicar aún más la situación económica de los deudores.
Pero seamos honestos: el mensaje es directo. Si hay dinero para gasolina,
debería haberlo también para la pensión. Y si no, quizá es momento de
replantear prioridades.
Además, esta iniciativa se suma a otras acciones que buscan visibilizar y
sancionar el incumplimiento de obligaciones alimentarias en México, un
problema más común de lo que muchos quisieran admitir.
Por ahora, la propuesta sigue en discusión. Pero si avanza, más de uno tendrá
que elegir entre pagar… o caminar.

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