La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el cumplimiento de una
orden de comparecencia en contra de María Concepción “N”, de 57 años de
edad, por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de profesión,
luego de que presuntamente realizara actividades especializadas en el área de
microbiología de alimentos sin contar con la documentación oficial requerida
para ejercer.
De acuerdo con la información dada a conocer por la autoridad ministerial, la
mujer habría trabajado en un laboratorio desempeñando funciones propias de
una química farmacobióloga, profesión que requiere estudios universitarios,
título profesional y cédula legalmente expedida por las autoridades educativas
correspondientes.

Las investigaciones señalan que María Concepción “N” presuntamente se
presentó durante un periodo de tiempo como profesionista del área de ciencias
químicas y de la salud, pese a que no habría acreditado la formación académica
necesaria. Entre las actividades que realizaba se encontraban prácticas
relacionadas con microbiología de alimentos, un campo fundamental para
verificar la calidad sanitaria y prevenir riesgos para la salud pública.
La Fiscalía explicó que la orden de comparecencia fue ejecutada como parte de
una carpeta de investigación abierta tras denuncias que alertaron sobre
posibles irregularidades en el ejercicio profesional de la implicada. Aunque no
se detalló cuánto tiempo permaneció laborando bajo esa identidad profesional,
las autoridades indicaron que continúan recabando pruebas y testimonios.
Especialistas señalan que la usurpación de profesión puede representar riesgos
importantes, particularmente en áreas relacionadas con salud, alimentos y
procesos químicos, debido a que las decisiones técnicas requieren
conocimientos certificados y regulados. El ejercicio indebido de una profesión
puede derivar en sanciones penales y administrativas conforme a la legislación
mexicana.
La FGE reiteró que toda persona es considerada inocente hasta que exista una
sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.
Asimismo, destacó que el objetivo de estas acciones es garantizar que quienes
ejerzan profesiones especializadas cumplan con los requisitos legales
establecidos.
El caso ha generado atención debido a la relevancia de los controles sanitarios
en laboratorios dedicados al análisis de alimentos, especialmente en un
contexto donde la seguridad alimentaria es considerada una prioridad para
proteger la salud de la población. Las autoridades no descartaron que las
investigaciones puedan ampliarse para determinar si existen más personas
involucradas o posibles afectaciones derivadas de las actividades realizadas
por la imputada.

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