Si esto no te indigna, no sabemos qué lo hará. Revisiones de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) revelan que desde 2018 existe un patrón
sistemático de fraude en el manejo de recursos federales destinados al pago de
nóminas educativas, con daños estimados al erario de casi mil millones de
pesos.
¿De qué tipo de irregularidades hablamos? De maestros ausentes que cobran,
de trabajadores que nadie logra identificar en sus centros laborales y, lo más
impactante: de personal fallecido que sigue apareciendo en la nómina. Solo
entre 2019 y 2020, 21 estados destinaron más de 156 millones de pesos para
pagar a docentes y trabajadores ya muertos. En 2020 se registraron 27,854
pagos ilegales a favor de 4,160 empleados difuntos en todo el país.
Los estados donde el problema golpea con más fuerza son precisamente
aquellos donde la CNTE tiene mayor control histórico: Oaxaca, Michoacán,
Chiapas y Guerrero. Y para hacerlo más grave, estados como Michoacán y
Oaxaca se negaron a comprobar el destino de millones de pesos.
Los números hablan solos: 221 millones detectados en 2018, 262 millones en
2021… y el patrón se repite año con año sin que nadie rinda cuentas.
Recursos que deberían llegar a las aulas, a los niños, a mejorar la educación
pública… perdiéndose en un sistema que parece diseñado para no ser auditado.
¿Hasta cuándo?
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