TRIBUNAL CONDENA AL RESPONSABLE DEL FEMINICIDIO Y MULTIHOMICIDIO
PACHUCA, HGO., 10 DE JULIO DE 2026
A poco más de un año de uno de los hechos de violencia que más
indignaron a la sociedad hidalguense, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo un fallo condenatorio en
contra de M. A. M. G., al acreditarse su responsabilidad en los delitos de
feminicidio, homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en
grado de tentativa.
La resolución fue emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento tras
concluir el juicio oral, luego de que el Ministerio Público presentara
pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron
demostrar la responsabilidad penal del acusado. Con ello, el proceso
entra a su etapa final, en la que el órgano jurisdiccional determinará la
pena que deberá cumplir el responsable y la reparación integral del daño
para las víctimas indirectas.
Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de
Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma, cuando cinco integrantes
de una familia fueron atacados con un arma punzocortante. Como
resultado de la agresión perdieron la vida dos mujeres y un hombre,
mientras que dos hombres sobrevivieron con lesiones de gravedad.
Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía de Delitos de Género
y Trata de Personas integró la carpeta de investigación, formuló
imputación contra el señalado y obtuvo su vinculación a proceso, hasta
lograr el fallo condenatorio emitido por el tribunal.
Sin embargo, este caso trasciende el ámbito judicial. La agresión
provocó una profunda conmoción social debido a que la principal
víctima, identificada públicamente como Rosaura, había denunciado
previamente actos de violencia y acoso por parte de su expareja, quien
además era ex elemento de la Policía Municipal de Mineral de la
Reforma. Organizaciones civiles y familiares cuestionaron en su
momento la eficacia de las medidas de protección y la actuación
institucional para evitar un desenlace que terminó por cobrar tres vidas.
El fallo condenatorio representa un avance importante en materia
de procuración de justicia y envía un mensaje de que los delitos de
violencia feminicida pueden ser sancionados cuando las investigaciones
se sustentan con evidencia sólida. No obstante, especialistas coinciden
en que el verdadero desafío continúa siendo fortalecer los mecanismos
de prevención, atención oportuna y protección para mujeres que
denuncian violencia, con el propósito de impedir que casos como el de
Azoyatla vuelvan a repetirse.
La audiencia de individualización de sanciones permitió
posteriormente imponer una condena de 172 años de prisión, además del
pago de la reparación integral del daño a favor de las víctimas
indirectas, una de las penas más altas dictadas recientemente en
Hidalgo por delitos de feminicidio y homicidio múltiple.