Pachuca de Soto, Hgo; a 17 de mayo 2024.
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, un dictamen que reforma la Ley de Amparo, en materia de suspensión del acto reclamando o inconstitucionalidad de normas generales, “consideramos que esta iniciativa es contraria a los principios fundamentales establecidos en la Constitución y pone en riesgo los derechos colectivos además, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales”, señaló Juan Manuel Batres Campos, Presidente de la Confederación Nacional de la República Mexicanca, Coparmex en Hidalgo Expuso que también se pone en riesgo la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general, recordó que el juicio de amparo es un recurso legal que permite que los gobernados puedan impugnar la constitucionalidad de leyes, actos administrativos y sentencias judiciales que consideren que vulneran sus derechos fundamentales.
“La importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos. La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el orden jurídico y todas las leyes y acciones del Estado deben estar en conformidad con sus principios; ya que es la base para proteger nuestros derechos fundamentales y garantizar el Estado de Derecho”.
Es fundamental que cualquier modificación a la Ley de Amparo se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto, indicó que desde COPARMEX se reitera la importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos.
La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el orden jurídico y todas las leyes y acciones del Estado deben estar en conformidad con sus principios; ya que es la base para proteger nuestros derechos fundamentales y garantizar el Estado de Derecho.
“Es fundamental que cualquier modificación a la Ley de Amparo se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones.
La protección de estos derechos es una responsabilidad compartida que debe prevalecer sobre cualquier consideración política”.
