Con la reforma constitucional
llamada “ley 3 de 3 contra la violencia” ninguna persona agresora sexual,
deudora de pensión alimenticia, o que haya incurrido en violencia familiar,
podrá tener un empleo o cargo de elección popular en ninguno de los tres
órdenes de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal.
Ante dicha reforma el diputado
Gerardo Fernández Noroña, hablo sobre lo mal que se encuentra la legislación en
cuanto al tema de violencia contra las mujeres, señalando: es imperioso
erradicar toda violencia en contra las mujeres, la discriminación, el acoso, el
abuso, la violación sexual, el asesinato de mujeres por ser mujeres es una permanente
una constante en nuestra patria.
Nadie en su pleno juicio puede
oponerse a que avancemos en ese sentido, esta legislación que hoy se publicara,
da un paso pero no está yendo al fondo de llegar a proteger a las mujeres del
pueblo, se circunscribe al ambiente político y no al ambiente de la vida
cotidiana, es un largo tramo todavía el que tenemos que recorrer, por ello
quiero emplazar a la oposición que hoy celebra esta legislación para que de una
vez por todas acordemos en el marco constitucional el derecho de las mujeres a
su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo, sigue pasando el tiempo y
nunca es momento para que se respete este derecho y esto es inaceptable.
Asimismo, señalo: “Yo pensé que
desde 2013 en la India existía el tratado firmado por México de estos derechos
y desde 1994 en la conferencia mundial de población se estableció este criterio”.
Siguen pasando las décadas y no es
el momento, no es el tiempo a mí me queda absolutamente, porque soy quizás el
único político que dice que si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene
derecho a tocarle un cabello si ella no quiere, es una relación de mutuo
consentimiento, no tiene que ser con violencia, no tiene que ser obligada y en
México tenemos los embarazos adolescentes número uno del mundo, se fuerza a
niñas de 11 de 12 de 13 de 14 años a
parir, se plantea que se está por la vida cuando todos estamos por la vida, esa
no es la discusión y se niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo, hoy aquí y ahora en todos los rincones de la patria las mujeres
interrumpen el embarazo con o sin nuestro consentimiento y ponen en riesgo su
salud su libertad y su vida y esa es una violencia monstruosa, una violencia
institucional, una violencia social que nos negamos a remediar de una vez por
todas con discursos demagógicos y con planteamientos que no van a la raíz del
problema, no vamos a avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres mientras no
se reconozca el derecho de las mujeres a su libre sexualidad y a decidir sobre
su cuerpo. Estoy de acuerdo que ningún hombre o mujer ninguna mujer u hombre
que violente a las mujeres debe tener una responsabilidad pública, pero también
cierro comentando que la legislación no da una gradualidad y no se debe sancionar
de la misma manera a quien comete cierto delito de cierto tipo de gravedad.
Termino planteando mi acuerdo
sobre el tema, el corrupto poder judicial, el putrefacto poder judicial, el reducto
del conservadurismo existente en el poder judicial, va a utilizar esta
legislación de manera perversa, de manera torcida para sacar de la carrera
política a compañeras y compañeros del movimiento al tiempo, porque lamentablemente
así está la situación en nuestra patria.
