El gobierno federal solicitó 200 órdenes de aprehensión vinculadas a redes de huachicol, incluyendo a agentes aduanales y militares, en un operativo que busca desarticular organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles. La acción representa un golpe contundente contra actividades ilícitas que afectan las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
Según informaron autoridades, las investigaciones se realizaron durante meses, con el seguimiento de operaciones irregulares, análisis de facturación y monitoreo de redes de distribución ilegal. Los implicados habrían participado en la extracción, transporte y venta de combustibles robados, así como en la evasión fiscal relacionada, generando pérdidas millonarias al erario nacional.
La Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional coordinan los operativos de detención, aseguramiento de bienes y revisión de documentación para garantizar que los responsables enfrenten proceso legal conforme a la ley. Se informó que entre los detenidos se encuentran funcionarios y militares que presuntamente habrían facilitado las operaciones ilegales.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estas acciones reflejan el compromiso del gobierno con la cero tolerancia a la impunidad, buscando proteger los recursos del país y garantizar que las cadenas de distribución legal de combustibles operen sin interferencias. Asimismo, subrayó que se continuará fortaleciendo la vigilancia y el control en aduanas y puntos estratégicos para prevenir nuevas actividades ilícitas.
Expertos en seguridad y finanzas consideran que el desmantelamiento de estas redes permitirá recuperar millones de pesos, al tiempo que envía un mensaje claro sobre la determinación de las autoridades de combatir delitos que afectan la economía y la seguridad nacional.
Con este operativo, el gobierno federal reafirma su postura firme contra el huachicol, demostrando que ni funcionarios ni personal militar estarán exentos de enfrentar la justicia si participan en actividades ilícitas que dañen al país.
El gobierno federal solicitó 200 órdenes de aprehensión por huachicol, incluyendo a agentes aduanales y militares implicados en redes de robo y venta ilegal de combustibles.